Por Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo
En el contexto de la discusión parlamentaria sobre el financiamiento de la PGU, cuya tramitación finalizó ayer en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo propuso aumentar la recaudación tributaria por la vía de reducir o eliminar exenciones, así como también el incremento o la imposición de nuevos impuestos.
Las exenciones corresponden a tratamientos impositivos especiales a ciertos contribuyentes, que pueden justificarse en base a distintos criterios. Sin embargo, se ha planteado, recurrente y transversalmente, la necesidad de modificar o reducir estos regímenes tributarios especiales, ya que existen dudas respecto de su verdadera capacidad de cumplir con el objetivo para el cual fueron creados, así como también podría haber otros instrumentos de política pública que, a menor costo, podrían alcanzar el mismo objetivo. En este contexto, puede parecer que recurrir a las exenciones es lo adecuado cuando se buscan nuevas fuentes de financiamiento para nuevos gastos.
Para el financiamiento también se propuso aumentar impuestos ya existentes y crear otros nuevos, todo, con el objeto de alcanzar la recaudación necesaria para los gastos asociados a la PGU. Sin duda que este objetivo está absolutamente en línea con la “regla de oro” de las finanzas públicas, la cual establece que los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes, más aún en el contexto actual de extrema debilidad de nuestras finanzas públicas.
Sin desmerecer en los más mínimo la importancia de respetar esta regla de oro, hay dos elementos que preocupan sobremanera por la forma en que se está llevando la actual (y futura) discusión tributaria.
En primer lugar, en ningún momento de la discusión, negociación y tramitación se consideró la generación de recursos fiscales a través de mayor crecimiento tendencial, reasignaciones y/o mayor eficiencia del gasto, todas generadoras de ingresos fiscales permanentes, tal como lo propone el Consejo Fiscal Autónomo en su recomendación de financiamiento de la PGU, y con el beneficio adicional de que no generan los indeseados efectos distorsionadores de los impuestos.
En segundo lugar, la discusión relativa al financiamiento de la PGU se centró solo en cómo aumentar la carga tributaria, por aquí y por allá, en forma aislada, con lo cual se terminó incluyendo la modificación o creación de nuevos impuestos sin tener en ningún momento en consideración la coherencia de la estructura tributaria en su conjunto. Dicha estructura debe ser un cuerpo armónico por los impactos económicos y sociales que genera en las personas, empresas y, finalmente, en el mismo Estado.
Avanzar por el camino de que cada nuevo gasto requerirá de más y más impuestos, sin avanzar en eficiencia del gasto que ya existe, o sin mirar todo el conjunto de impuestos, especialmente en un contexto de alza importante de impuestos, solo añade incertidumbre, ambigüedad, duplicidad y retroactividad, todos atributos que se deben erradicar de cualquier sistema tributario, incluyendo el nuestro.
