A fines de 2021, cuando el octubrismo se sentía a sus anchas, la Convención Constitucional, presidida en ese momento por Elisa Loncón y Jaime Bassa, apostó por capitalizar la confianza ciudadana en las universidades. Para hacerlo, en vez de coordinarse con el CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades de Chile), lo haría principalmente con el CUECH (Consorcio de Universidades del Estado de Chile), encabezado por el rector Ennio Vivaldi (UCH). La motivación política detrás de esta decisión era doble: primero, el clásico y furioso estatismo de la izquierda, que se veía mermado por la presencia de privados en el CRUCH. Segundo, que el CRUCH, al ser un órgano más pluralista que el CUECH, podía tener voces disidentes respecto del trabajo de la Convención, lo que en ningún caso sería tolerado. Vivaldi, en cambio, era un caro amico de quienes controlaban la Convención, que ya les había sido funcional desde el estallido.

El 7 de octubre de 2021, entonces, se firma en las dependencias antiguas del Congreso Nacional un acuerdo de cooperación que establece que las universidades estatales prestarán asesoría técnica y académica a la Convención. Asisten Loncón, Bassa, Vivaldi y Marisol Durán, rectora de la UTEM, además de representantes estudiantiles (¡!) de la Universidad de La Serena y de la USACH. Esto, “porque es triestamental”. Vivaldi manifiesta que “la Convención Constitucional es una instancia auténticamente representativa del pueblo de Chile, y para nosotros es un privilegio ponernos a las órdenes de esta Convención”. Durán, por su parte, afirmó que el convenio era “expresión del compromiso de las universidades estatales con el desafío de desempeñar un papel protagónico y activo en el proceso constituyente, para el fortalecimiento de la democracia, el establecimiento de un Estado garante de derechos sociales y el desarrollo integral de la sociedad chilena”.

Entre los principales puntos del acuerdo se destacó en el momento que las Ues. del CUECH facilitarían, además de su sabiduría, sus instalaciones y equipamiento a lo largo del país para que la Convención pudiera desplegarse en todas las regiones, “para escuchar las diferentes voces emanadas de la ciudadanía”. Todo este apoyo, informaba “Noticias UTEM”, “no significará costos para la Convención y serán efectuados (sic) de forma gratuita por las universidades”.

Sólo que no fue tan gratis. Harto caro el amico. Primero, el CUECH introdujo en la Convención una propuesta de norma constitucional que buscaba “establecer y fortalecer la presencia de planteles estatales en cada región del país”. Así, los intereses de ambas instancias quedaban entrelazados. Luego, a petición de Loncón, y mediante un decreto de la Segpres de diciembre de 2021, 974 millones de pesos fiscales fueron transferidos a la Convención para que el CUECH ejecutara “programas generales de participación ciudadana y la consulta indígena”. Finalmente, se gastaron 269 millones en la consulta, que fue un rotundo fracaso, con menos de un 1% del padrón indígena consultado (7.549 personas de 1.239.295). Todos amigos de los convencionales, al parecer, porque las conclusiones eran redundantes con lo ya propuesto. Tanta ventriloquía, lo sabemos, terminaría por dañar a la Convención.

El resto de la plata, unos 700 millones, suponemos que fue gastado por el CUECH en “programas de participación” y de difusión del contenido de la propuesta constitucional. Suponemos, porque el CUECH se había negado, incluso presentando recursos judiciales, a trasparentar esa información, que viene siendo requerida por el Consejo para la Transparencia desde fines de 2022. Eso, hasta ahora, pues la Corte Suprema les acaba de ordenar que informen en detalle el uso de los fondos. Como señala el abogado y profesor Ricardo Salas, este detalle nos permitirá evaluar el grado de pluralismo político mostrado por el CUECH en el cumplimiento de este rol. La historia aquí relatada, los personajes involucrados y la negativa rotunda a la transparencia no auguran conclusiones felices, pero al menos quedará más claro qué tan políticamente capturadas están estas instituciones que se dicen “públicas”.