Sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones

Aunque el Ministerio de Hacienda había indicado ante los senadores que la sustentabilidad de la reforma previsional acordada con la oposición estaba asegurada, era fundamental escuchar la opinión técnica del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), cuya opinión fue entregada el miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado. Sus consejeros han recordado que esta discusión se da en un escenario de estrés fiscal, pero que sin perjuicio de ello desde el punto de vista fiscal es necesario avanzar en una reforma de pensiones que no se centre solo en Pensión Garantizada Universal, porque a largo plazo su gasto se tornaría insostenible.

En ese orden de cosas, el CFA identificó 11 riesgos fiscales del proyecto, estableciendo para cada uno de ellos una propuesta de mitigación, concluyendo que estos riesgos fiscales no son insalvables. Dicho diagnóstico brinda más tranquilidad respecto de la sustentabilidad de esta reforma, pero a la vez resulta fundamental atender a dichas recomendaciones, que deben ser abordadas de una forma estrictamente técnica y asumiendo la precaria realidad en que se encuentran las finanzas públicas. En tal sentido, ha sido positiva la disposición que en general han mostrado los senadores para recoger con altura de miras las recomendaciones del CFA; las indicaciones que ayer presentó el Ministerio de Hacienda para recoger los planteamientos centrales del Consejo también se enmarcan dentro de ese mismo espíritu, y cabe esperar que de aprobarse el proyecto en la sala del Senado, una vez que pase a la Cámara de Diputados -donde hasta aquí se han observado una serie de voces disidentes- se mantenga esta misma disposición.

El CFA indicó que el principal riesgo es la sostenibilidad de los compromisos de gasto fiscal que implica la reforma. Al respecto, la fuente de ingresos permanentes adicional que contribuye a financiar los gastos permanentes de la reforma es la Ley de Cumplimiento Tributario, que en régimen se espera que recaude el equivalente a 1,5% del PIB por año. Hay una razonable incertidumbre de que tal objetivo de recaudación se logre, lo que naturalmente en una primera etapa representa un problema. Cabe recordar que dicha ley está pensada para financiar una serie de beneficios sociales, no solo pensiones, y dado que el aporte de 1,5% proveniente de la cotización adicional de los trabajadores -a modo de “préstamo reembolsable”- se irá enterando gradualmente, es razonable ponerse en el escenario de que en una primera etapa los recursos no sean suficientes.

De allí que el CFA propuso una serie de gatillos como medida de mitigación, de modo que si no se logran los ingresos estimados eventualmente se pueda partir con un nivel más bajo de compromisos de gasto fiscal, y activar su aumento -ya sea en cobertura o monto de los beneficios- en la medida que se cumplan ciertas condiciones, como por ejemplo alcanzar ciertos umbrales de ingresos estructurales como porcentaje del PIB. Las indicaciones de Hacienda establecen que en caso de que se recaude menos de lo contemplado en la Ley de Cumplimiento Tributario -lo que se evaluará al cabo de tres años-, las tasas de cotización que se hacen a partir del quinto año se incrementarán a razón de 0,5% en lugar del 0,7%, agregando dos años a la transición, pasando a 11 años. Si bien es un paso valorable, extraña que no se haya contemplado la posibilidad de graduar la entrega de los beneficios.

También hay aprensiones sobre el monitoreo integral de los riesgos fiscales del Fondo Autónomo de Protección Previsional, considerando que está definido como una entidad separa del gobierno central. En esto se ha avanzado para hacer estudios posteriores que permitan determinar la mejor fórmula. Lo relevante es que se ha podido observar en el Senado que al abordar la importancia de la sostenibilidad fiscal hay una mirada de responsabilidad, sin distingos de izquierda o derecha, y es algo que cabe preservar.