Subsidiariedad y objeción de conciencia

La resolución del Tribunal Constitucional que reconoció la objeción de conciencia en las instituciones que se niegan a practicar abortos abrió discusiones en torno al reconocimiento y validación de la autonomía de los cuerpos intermedios y dejó entrever los desafíos que enfrenta el principio de subsidiariedad en la sociedad contemporánea.

Habitamos un imaginario social pluralista en el que prolifera el multiculturalismo. Esta realidad supone, por un lado, respeto por las diferentes cosmovisiones (en cuanto no vulneren la dignidad humana y contribuyan al bien común) pues una de las aspiraciones medulares de la política es garantizar las libertades para lograr convivir en la diferencia.

De otro lado, también da cuenta de una mutación sociocultural que abre paso a narrativas políticas que amenazan el diálogo sobre bases comunes. Realidad fatal para la política en tanto obstruye los esfuerzos por llegar a acuerdos estables. Si éstos requieren de un marco sustancial mínimo que otorgue proyección a la vida en sociedad, pero a la vez caminamos por un escenario cultural donde empiezan a desaparecer los márgenes (bien y mal se hacen difusos), entonces la política corre el riesgo de ser una ocupación imposible ante las infinitas interpretaciones que esterilizarían la representación que está llamada a cumplir.

Ante esta realidad, que estuvo sibilinamente presente en la discusión sobre la ley de aborto, como también en el debate sobre objeción de conciencia, el principio de subsidiariedad se ofrece como una propuesta que logra sintetizar la necesaria concordia política y la multiplicidad sociocultural frente a las cada vez menores referencias éticas. Más allá de las diferencias antropológicas, ideológicas o valóricas que puedan existir, la subsidiariedad es capaz de abordar el pluralismo actual en la medida que acoge una multiplicidad de focos de autoridad social (los cuerpos intermedios en cuanto naturalmente contribuyen a bienes públicos) sin perder de vista el sentido comunitario de la acción política.

Por eso mismo, lejos de ser una herramienta que se reduce a dirimir quiénes pueden prestar servicios públicos, la subsidiariedad opera como agente articulador de la vida social que resguarda la libertad junto con mínimos comunes éticos que posibilitan la vida en sociedad. En los últimos años, no ha sido precisamente el Estado, sino los cuerpos intermedios los que han salido a auxiliar a los más débiles enfrentando a los ideologismos que se vierten en contra de la libertad religiosa, de enseñanza, de expresión, del derecho a la vida y de la dignidad de los niños.

Juzgue usted entonces si la autonomía de los cuerpos intermedios es o no vital.