Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
El Presidente Piñera anunció este martes, no sin polémica, la extensión del IFE Laboral y del Subsidio Protege hasta el 30 de junio. Entre sus primeras definiciones, en tanto, la próxima ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha puesto como prioridad la generación de empleos, en momentos en que se observa una recuperación general, aun cuando los indicadores no alcanzan niveles previos a la crisis sanitaria y -sabemos- se verán condicionados por la incertidumbre del actual contexto.
Y la pregunta reiterada es ¿qué pasará con el IFE Laboral, entrado el gobierno del Presidente Boric, cuando se acabe? Éste entrega un tope de $250 mil mensuales a las y los trabajadores que inicien una nueva relación laboral, con contrato de trabajo. El Subsidio Protege, en tanto, transfiere $200 mil mensuales a trabajadores o trabajadoras que tengan el cuidado de niños y niñas menores de dos años, y que no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador.
El presidente electo declaró hace unas semanas que “hay un acuerdo bastante transversal (...) de mejorar los subsidios al empleo, en particular dirigirlos a mujeres y jóvenes”. A la luz de esa afirmación, el desafío es “impulsar” esta importante política pública, en medio de los difíciles debates que se darán en el nuevo Congreso por el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, el sistema de pensiones y, por cierto, la reforma tributaria.
Es clara la urgencia de aumentar el empleo formal, por su efecto en el bienestar de las familias. Sobre todo, en el caso de las mujeres, cuya participación laboral ha sido históricamente más baja, muy golpeada en esta pandemia y con una recuperación de empleo más rezagada y expuesta a los riesgos de contracción.
Por tanto, el fortalecimiento de los instrumentos de política pública focalizados en la ocupación femenina se vuelven una pieza central para reactivar la actividad económica con igualdad de género. En este ámbito, hemos propuesto mejorar el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) -establecido en la Ley 20.595 de 2012-, en términos de cobertura, montos y periodicidad. Se trata de un instrumento que ya existe, entregado por el Estado a través del Sence, lo que es un punto de partida, pero que como funciona no logra mover la aguja (Dipres, 2016). Por eso, entre las correcciones está el no limitar la cobertura a determinado percentil en el Registro Social de Hogares (hoy es el 40%). Además, se debe equiparar el periodo del subsidio entre trabajadoras y empleadores/as a uno o dos años, mientras la economía se recupera -hoy es de cuatro y dos años continuos respectivamente.
Por último, es necesario aumentar el monto del aporte. Nuestra sugerencia es establecerlo en uno equivalente al 30% de la remuneración bruta mensual, con tope de $140.000 para la trabajadora y la mitad del beneficio para el empleador. Fortalecer un solo subsidio en este ámbito puede ser un camino más simple y sustentable para el complejo escenario que se augura en 2022. Entonces, ¿cómo seguimos? Discutámoslo en serio.
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