¿Subsidios al empleo o a las utilidades?

Por Gonzalo Martner, director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile

El gobierno anunció el 27 de septiembre subsidios al empleo por 2 mil millones de dólares. En primer lugar, buscará mantener el empleo de los trabajadores con contratos suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo, para lo que dispone un subsidio de $160.000 por hasta 6 meses por cada trabajador que retorne a su puesto de trabajo y cuya remuneración sea hasta tres ingresos mínimos ($961.500). A este subsidio para empleos suspendidos solo podrán acceder las empresas que hayan sufrido caídas anuales en sus ventas de 20% o más en abril-julio. La figura de la suspensión de contrato mantuvo con un vínculo laboral a 784.165 trabajadores, cuyos casos fueron aceptados por el gobierno; eso sí, con ingresos financiados por las cuentas del seguro de cesantía de cada trabajador. Las disminuciones de jornada con este mecanismo han sido escasas. Dado el agotamiento progresivo de las cuentas, al 20 de septiembre se habían reincorporado a sus labores 410.294 trabajadores. El mecanismo parece haber tenido hasta ahora, al menos, efectos positivos en el empleo, dado que solo 15.512 personas acogidas a este esquema han sido, en definitiva, despedidas, es decir un 2% del total. El subsidio anunciado busca que esa cifra no aumente sustancialmente.

En segundo lugar, se subsidiará nuevas contrataciones de trabajadores a través de un aporte equivalente al 50% de la remuneración bruta, con un tope de hasta $250.000, respecto de la nómina de trabajadores al 20 de julio de 2020. Las empresas con más de 200 trabajadores deberán mantener al menos el 80% de la nómina de trabajadores que tenían a esa fecha. Para los jóvenes entre 18 y 24 años, las mujeres y las personas con discapacidades, el subsidio será un 60% de la remuneración bruta mensual y tendrá un tope de hasta $270 mil pesos. Las empresas con más de 200 trabajadores a julio, no podrán repartir utilidades -salvo el mínimo legal de 30% en cada ejercicio para las sociedades anónimas, establecido en principio para beneficiar a los accionistas minoritarios, lo que no tiene justificación en esta coyuntura- durante el período que reciban estos beneficios. No se excluye, como en otros países, a las empresas que operan en paraísos fiscales o registran mecanismos de evasión del pago de impuestos, ni se condiciona el subsidio a no realizar prácticas antisindicales.

El problema de fondo con estos programas, de alto costo fiscal, es que si las ventas de las empresas no repuntan (recordemos que el consumo de los hogares cayó en 22,4% anual en el segundo trimestre y que el Ingreso Familiar de Emergencia es claramente insuficiente para reactivarlo), y dado que los montos de los subsidios son limitados, está por verse cuántos contratos suspendidos en definitiva se mantendrán y cuántos nuevos empleos se crearán. Aquí operan dos efectos que anulan la voluntad declarada de crear nuevos empleos: el “efecto regalo” a la empresa respecto a empleos que se mantendrían o crearían de todas maneras sin subsidio (no se prevé un mecanismo de devolución posterior a cargo de eventuales utilidades futuras) y el “efecto sustitución” de empleos actualmente informales, los que para utilizar el subsidio pasarían a ser empleos formalizados, lo que es positivo pero no crea nuevas ocupaciones.

El gobierno equivoca el camino con este programa, salvo en el incentivo al empleo de mujeres, jóvenes y discapacitados. Esta es una adecuada política pública de integración a ser aplicada más allá de las coyunturas, pero que sustituye empleo y no crea empleo. El mecanismo más directo y efectivo para la creación de empleos es ampliar sustancialmente los programas de inversión pública regional y local (lo que se ha anunciado pero como en tantos otros temas no se sabe cuánto se han concretado ni cuando eventualmente lo harán) y nuevos programas de servicios a la comunidad, como los de ayuda a personas de edad o discapacitadas o de ampliación y mantención de espacios públicos, coordinados por los municipios, así como nuevos programas verdes, como la forestación y recuperación de ecosistemas, para lo cual Conaf ya tiene experiencia, o nuevos programas de apoyo a las actividades culturales, para recuperar la actividad en un sector que ha sido fuertemente golpeado por la crisis.

La crisis del empleo ha pasado a ser el principal desafío de la economía chilena, pues si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año reciente (2017), se necesitaría 9 años para recuperar los dos millones de puestos de trabajo perdidos hasta ahora por la crisis. Si el ritmo fuera el del peor año (2016), se necesitaría 18 años. El mercado no resolverá el problema.