Suspensión de la evaluación docente

Ni Simce, ni Evaluación Docente. Tal como se había anticipado durante la campaña presidencial, el gobierno ha ido avanzando en su ofensiva contra las mediciones de las que dispone nuestro sistema escolar y la semana pasada anunció la suspensión de la evaluación docente a través del pronto ingreso de un proyecto de ley, cumpliendo así con las expectativas del Colegio de Profesores. Según explicó el ministro de Educación, el motivo sería la pandemia y que esta evaluación sería un “elemento estresor”. Puede ser que así sea para quienes no poseen las competencias necesarias, la pregunta es si ello es motivo suficiente para romper el termómetro y dejar una vez más al sistema a ciegas. En el caso del Simce, recordemos que este ya se suspendió anteriormente debido a la pandemia y su última aplicación fue apenas en 2019. Y en lo que respecta a la evaluación docente, esta se rindió el año pasado, pero de forma voluntaria, de manera que abarcó a muy pocos profesores y no permite obtener una visión continua de cómo estos están desempeñándose.

Es importante distinguir tres cosas. Por un lado, está el problema de la “doble evaluación”, cuyo origen está en que la ley que introdujo la carrera docente no reemplazó la prueba que ya existía previamente. Ha sido una constante crítica de los profesores que sin duda debiera resolverse, pero de ahí no se sigue que la solución sea eliminar ambas evaluaciones, que por cierto buscan medir elementos fundamentales de la práctica docente y de ninguna manera imponen un estándar inalcanzable. Segundo, es indudable que esta evaluación tiene limitaciones –de partida el que sea centralizada-, pero antes que eliminarla, ello debiera ser una motivación para realizar las mejoras necesarias.

Por último, es importante considerar que la evaluación forma parte de un sistema de desarrollo profesional docente, esto es, la Ley N° 20.903 que promulgó la ex Presidenta Bachelet y que tiene como propósito no solo medir, sino también entregar una mayor remuneración a los profesores a través de asignaciones por su desempeño y ofrecerles oportunidades de formación continua. La evaluación es entones apenas una parte, y si esta se suspende, entonces dicho sistema queda incompleto, perdiendo su lógica y razón de ser.

Es preocupante la reticencia de las actuales autoridades para aplicar la ley y evaluar el estado actual del sistema escolar y de los profesores. Nada se obtiene evitando asumir la realidad, en especial cuando son generaciones de alumnos que se están viendo impactadas bajo las sombras. ¿Se esperará a que los estudiantes deserten del sistema o a que fracasen en el ingreso a la educación superior para recién ahí asumir las falencias en su formación? Es necesario hacerse cargo hoy y para eso se requiere contar con los diagnósticos que entregan las diversas evaluaciones. Más aún si se considera que, en paralelo, el mismo gobierno ha presentado un plan de apoyo para la recuperación de los aprendizajes que no abarcará la totalidad del sistema, sino solo una pequeña fracción de los establecimientos públicos. La pregunta es cómo se determinará a sus beneficiarios si no es a través de un diagnóstico como el que entrega este tipo de mediciones.