Actualmente, la Cámara de Diputadas y Diputados cuenta con tres representantes desaforados (Pulgar, Ojeda y Pérez), y en el Senado ha sido cesada de su cargo la senadora Allende. Más allá de las diversas razones y conductas individuales que concluyen en estos casos, se expresa un síntoma evidente de la fatiga de referentes para orientar la conducta de nuestras autoridades en el Poder Legislativo. En marzo recién pasado, se cumplieron ocho años desde que la reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso tuvo su último movimiento legislativo.

Aprobada por la Comisión Especial de Transparencia y Probidad en marzo de 2017, el proyecto nunca llegó al pleno del Senado para su votación. En su lugar, los comités decidieron enviarlo a la Comisión de Constitución, donde ha permanecido sin ser discutido desde entonces.¿Fue esta una táctica dilatoria? Es difícil no sospecharlo, considerando que la reforma incluía disposiciones que podrían incomodar a más de un parlamentario, como una norma de dedicación exclusiva o la creación de una dirección de ética y transparencia parlamentaria, como órgano común para ambas Cámaras, con funciones sancionadoras y un rol asesor en materias de ética y probidad, apoyando también el trabajo de las Comisiones de Ética. También, el proyecto proponía mejores estándares en las normas de conflictos de intereses y el deber de abstención, así como procedimientos para solicitar que fuera efectivo. Así mismo, establecía que en caso de desafuero, se recibiría la mitad de la dieta parlamentaria, algo que hoy es hasta demandado por congresistas en ejercicio.

El proyecto implicaba nuevas exigencias que fortalecían el trabajo parlamentario, con el objeto de alinear la conducta en materias que los hacen vulnerables a escándalos y cuestionamientos por falta de integridad. Por lo general, a las organizaciones de todo tipo les cuesta implementar mecanismos de autocontrol y aceptar restricciones de su propio actuar para alcanzar fines superiores, como la reputación, confianza o legitimidad.

Las normas son fundamentales para la promoción de la integridad. Existe abundante evidencia acerca de que personas que son éticas, como podríamos pensar de la mayoría de nuestros senadores y diputados, pueden comportarse de manera poco ética por ausencia de referentes normativos o exposición a incentivos desalineados de la conducta ética.

Estos ocho años de inactividad han demostrado, lastimosamente, que el envío del proyecto de ley a la Comisión de Constitución del Senado, en vez de su discusión en el Pleno, terminó siendo una dilación indefinida, para evitar su avance y postergar así el sometimiento a estándares más exigentes en materia de probidad y transparencia. Una táctica dilatoria muy poco estratégica, al ver que han continuado los cuestionamientos por faltas a la ética y una desconfianza en la actividad política que se sigue profundizando. La ciudadanía demanda más hechos y menos dichos, una señal relevante de voluntad política sería reactivar este proyecto de ley y tramitarlo con la máxima urgencia que requiere elevar los estándares y la confianza en el Congreso.

Por María Jaraquemada y Manuel Arís, abogados