SEÑOR DIRECTOR:

El veredicto del Tribunal Constitucional que se traduce en la destitución de Isabel Allende como senadora es relevante en al menos tres sentidos.

Primero, el incidente deja claro que la actual administración ha actuado con desprolijidad y negligencia en asuntos de la mayor importancia. Basta recordar la visita de Izkia Siches a Temucuicui sin coordinación ni protección; las varias listas de indultados en 2022; o la incapacidad de tomar decisiones rápidas en el caso Monsalve. Aunque a la generación gobernante le pese, las normas están por encima de las aspiraciones personales de justicia.

Segundo, que buena parte de la responsabilidad recae en Gabriel Boric. Aunque quienes pagaron con sus cargos por esto fueron Marcela Sandoval, Maya Fernández e Isabel Allende (es un hecho absolutamente innegable que cada una de ellas tenía responsabilidad directa en el caso), fue el propio Presidente quien tuvo la iniciativa e hizo avanzar la idea a través de sus asesores más directos.

Tercero, que la Constitución sigue vigente, que no es una norma vacía de contenido, que sus disposiciones siguen obligando incluso cuando los ministros o ministras del TC pudieran haberse guiado por sus preferencias político-partidistas. Cualquier insinuación orientada a hacer pesar más las afinidades ideológicas es un insulto al Estado de Derecho. Dentro de todo este desaguisado, que prevalezca el respeto a la ley y a la institucionalidad constitucional es una buena noticia.

Rodrigo Pérez de Arce P.

Faro UDD