Por Juan Francisco Cruz, Observatorio Judicial
Los cambios en las instituciones van acompañados de contradicciones que se manifiestan en el conflicto entre dos valores, ambos deseables, y que por tanto queremos preservar. La pregunta es ¿cómo armonizar ambos bienes? Esta dialéctica está ocurriendo en el Poder Judicial, debido a la implementación masiva –producto de la pandemia– de sistemas tecnológicos para impartir justicia. La confrontación ha surgido especialmente en los juicios penales, donde los defensores públicos alegan que los juicios remotos vulneran la garantía de la inmediación, es decir, la presencia física del juez para apreciar la prueba y las alegaciones de las partes.
En esta puga entre tecnología y debido proceso, la segunda sala de la Corte Suprema dictó un relevante fallo (rol 59.504-2020), el cual propone un camino para armonizar ambos valores. En un juicio de nulidad, la defensa del condenado alegó la invalidez de la sentencia argumentando que el juicio digital vulneró el principio de inmediación. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó el recurso señalando que si bien existe una potencial tensión entre los juicios remotos y la inmediación, es necesario demostrar cómo, en los hechos, la audiencia digital alteró el resultado del proceso, es decir, perjudicó la correcta apreciación de los hechos por parte de los jueces. En síntesis, no basta con afirmar la potencial invalidez, ésta se debe demostrar.
Los detractores del fallo podrán criticar sus deficiencias, sin embargo, una mirada de futuro es más fructífera para pensar el fallo y entenderlo como un avance para la justicia digital. El profesor de Oxford Richard Susskind –un referente mundial en tecnología y justicia–, en su libro Online Courts and the Future of Justice (2019) plantea una simple pregunta: ¿Son necesarios los tribunales físicos para resolver nuestras disputas, o bien, podemos buscar otras maneras? Susskind propone que las nuevas tecnologías son la instancia para repensar el tradicional funcionamiento de los tribunales.
En ese sentido, el autor propone que los sistemas judiciales deben avanzar en dos direcciones. Un primer paso es que los tribuales digitales sean la regla general y que toda Corte cuente con asesoría legal online para sus usuarios. Así se eliminarían barreras de costo y conocimiento que marginan a parte importante de la población al acceso de justicia –según la OCDE un 46% de la población mundial no posee acceso a un tribunal. El segundo paso sería implementar la inteligencia artificial como apoyo. Susskind propone como ejemplo sistemas predictivos de decisiones judiciales, así los ciudadanos contarían con un importante antecedente para decidir si conviene litigar: la probabilidad de éxito o fracaso.
Desde esta perspectiva el fallo de la segunda sala de la Corte Suprema y las actuales tensiones y beneficios de los juicios remotos es una oportunidad para reflexionar la pregunta de Susskind: ¿cómo utilizar la tecnología para transformar el Poder Judicial y ampliar el acceso a la justicia? Así los juicios de cobranza judicial –que saturan los juzgados civiles–, o las disputas de baja cuantía –que no llegan a tribunales por su costo de tramitación– son áreas donde la tecnología podría traer soluciones eficientes e innovadoras para la ciudadanía.
