SEÑOR DIRECTOR:
En una reciente entrevista en Estado Nacional, el nuevo ministro de Seguridad afirmó que, según datos de 2023, el 50% de las armas incautadas provienen del mundo legal, es decir, están debidamente inscritas y cumplen con los requisitos que exige la ley. Esto plantea una primera duda: ¿sabe el ministro diferenciar entre una familia que entrega voluntariamente un arma heredada, sin conocer el proceso de regularización, y un delincuente que usa un arma robada para cometer un crimen?
Mientras el país enfrenta un aumento sostenido de homicidios, una creciente violencia en la comisión de delitos, incautación de armamento de guerra utilizado por el crimen organizado, proliferación de fábricas ilegales de armas, una frontera vulnerable y una inmigración descontrolada; cuando tenemos a una joven argentina asesinada en La Pintana con una ametralladora, el gobierno insiste en restringir el derecho de los ciudadanos a la legítima defensa antes que en combatir a los verdaderos responsables de la inseguridad en el país.
Parece incomprensible que el gobierno crea que el problema del crimen organizado se soluciona desarmando a quienes cumplen la ley. ¿De verdad creen que quitarle las armas a los ciudadanos responsables hará retroceder a los delincuentes?
Es completamente legítimo que una persona no quiera tener ni hacer uso de un arma, pero esto no puede ser un argumento para limitar su tenencia a quienes cumplen con los requisitos para poseerla.
Constanza Tirado López
Ideas Republicanas
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