“Tercera vía” y la preocupación por el devenir de la Convención

Cuando restan pocas semanas para que las comisiones de la Convención Constitucional terminen su trabajo y el proyecto deba pasar a la Comisión de Armonización -última etapa antes de que el texto final sea entregado para ser plebiscitado-, han comenzado a multiplicarse las voces que solicitan algún tipo de acuerdo político que permita una suerte de “tercera vía”, ya sea  introduciendo una alternativa adicional en el plebiscito de salida, o bien impulsando desde ya un camino alternativo de reformas constitucionales en caso de que termine imponiéndose la opción rechazo.

Al examinar las razones que se han esgrimido para impulsar una “tercera vía” parece haber un factor común: la creciente preocupación por el rumbo que ha tomado la Convención, en particular porque en una serie de materias fundamentales todavía no se han alcanzado acuerdos, con alta prevalencia de visiones maximalistas, o bien porque ante la presión de forjar algún tipo de entendimiento ante el apremio de los plazos, terminen aprobándose reformas altamente cuestionables en su diseño y eficacia.

Si ha emergido el debate de empezar a buscar caminos alternativos, ello es entonces reflejo de un síntoma de fondo, de lo cual la Convención debería tomar nota. Se están empezando a sentir las consecuencias de un debate constituyente que ha estado marcado muchas veces por posiciones extremas y sin mayor ánimo de buscar consensos amplios, que vayan más allá de los grupos que controlan la Convención. En las comisiones siguen aprobándose normas que se alejan totalmente de lo que debe ser un texto coherente y acorde a los tiempos -tal es el caso de terminar con las cárceles concesionadas, o el inexplicable debilitamiento de los derechos de propiedad-, lo que no solo va alejando las posibilidades de que el texto definitivo represente a la mayoría del país, sino que además sugiere que una parte importante de los convencionales no parece querer enmendar el rumbo, a pesar de las señales de preocupación que están emanando desde la ciudadanía. El cuadro se ve aún más complejo ante las amenazas que se habrían proferido entre los propios convencionales indígenas, por diferencias respecto al tratamiento de reparación y entrega de tierras, un hecho que por sus graves implicancias debe ser despejado a la brevedad.

Ciertamente el punto más preocupante es que la Convención todavía no haya sido capaz de ponerse de acuerdo en el sistema político que nos regirá. La comisión de Sistema Político carga con la principal responsabilidad de ello, particularmente porque a raíz de las profundas diferencias que conviven en su interior se ha trazado un diseño del poder Ejecutivo y Legislativo que ha derivado en una suerte de engendro institucional, con un presidencialismo atenuado, además de la figura de la vicepresidencia y un “ministro de gobierno”, que llevaría la relación con el Congreso. Mientras que, en el caso del Congreso, aun cuando parece haberse asentado el bicameralismo, el reemplazo del Senado por una cámara territorial con funciones muy distintas a las actuales sigue generado fuertes discrepancias. Hay consenso en que si se falla en el diseño de la estructura de gobierno -que bien se ha identificado como el “corazón” de una carta fundamental-, el proyecto constitucional como un todo arriesga su fracaso.

Pese a lo que explicable que resulta el surgimiento de voces que, conscientes de la importancia de salvaguardar este proceso, busquen caminos alternativos ante la posibilidad de que la propuesta de la Convención no logre llegar a puerto, es inviable pensar en un cambio en las reglas del juego que alteren la fórmula establecida para el plebiscito, que por su naturaleza debe ser binaria. Además de la escasa presentación que tendría modificar las reglas en la recta final, adentrarse en esa fórmula previsiblemente abriría una caja de Pandora, enredando aún más el proceso.

Todavía cabe apelar a que en las semanas que quedan, la Convención comprenda bien lo que está en juego, se haga eco de las críticas y reoriente su quehacer, generando propuestas mucho más consensuadas en bien del país, que es lo que la ciudadanía espera de este proceso. Con todo, es sano que la academia y sectores de la sociedad civil que promueven una “tercera vía” hagan oír su voz y entren en el terreno de las propuestas concretas; ello desde luego no solo favorece el debate -algo muy necesario en cualquier deliberación constitucional-, sino que además permitiría a la ciudadanía contrastar mejor las distintas visiones en juego y tomar decisiones más informadas. Si estiman que un eventual rechazo debe venir acompañado de un camino alternativo, han de explicitar cuál sería esa fórmula.