Terminar con el femicidio

Por Ana María Stuven, profesora titular PUC/UDP

2020 terminará teniendo a su dramático haber nada menos que 36 femicidios consumados -si no se suman otros de aquí al 31 de diciembre-, es decir, mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y 139 femicidios frustrados. La ley chilena también considera femicidio los casos en que la muerte se produce por razones de género, aunque no en el contexto de una relación consentida, gracias a la promulgación de la Ley Gabriela en marzo de este año. Las cifras ponen en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de las mujeres y la necesidad de atender con urgencia las situaciones de violencia que le afectan, no solo en forma directa, sino también aquellas estructurales que establecen sus condiciones de posibilidad. Datos del Sernam y de la Subsecretaría de Prevención del Delito confirman que la violencia intra-familiar antecede al femicidio.

Por cierto, no se trata de una situación excepcional a nivel mundial. África registra el mayor nivel de femicidios por habitante, seguido de América Latina y el Caribe. Según la Cepal, dentro de nuestro continente, Chile se ubica en una posición comparativamente buena; tan solo Uruguay, Costa Rica y Panamá registran cifras menores.

Podemos preguntarnos si la cifra chilena, solo superada, desde que existen registros, en 2010, puede asociarse a la pandemia. Las medidas de confinamiento, el estrés, la pérdida de fuentes laborales, la inseguridad y el miedo pueden relacionarse con el aumento de la violencia. Aunque no existen datos sistematizados sobre su impacto en los femicidios, se están haciendo estudios rápidos en países como Colombia, México y Chile que tienden a asociar el aumento de la violencia contra la mujer en todas sus formas a raíz del Covid-19. Un indicador para Chile sería el aumento en un 70% de las llamadas a los fono-ayuda de denuncia en el primer fin de semana de cuarentena en abril. También ha influido positivamente el incentivo público hacia que las mujeres no toleren ninguna forma de abusos.

Sin embargo, el tema relevante es que esta violencia tiene dimensiones pandémicas que van más allá de la actual coyuntura. En América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y sexual a lo largo de su vida. No puede soslayarse este dato, lo cual obliga a diagnosticar para prevenir y sancionar las causas que lo provocan. Se trata de un requisito que proviene de la igual dignidad de todas las personas y que ha sido reconocido por el derecho internacional en diversos tratados donde se condena la discriminación contra la mujer, a los cuales Chile ha adherido.

En su última encíclica, Fratelli Tutti, el papa Francisco relacionó directamente los conceptos de igualdad y dignidad. Son conceptos que se potencian y que son imprescindibles a la hora de pensar la democracia y las formas institucionales que la enriquecen. Por cierto la misma Iglesia Católica también está al debe en ello. La violencia contra la mujer se relaciona directamente con una falta de consideración hacia su dignidad y una situación de desigualdad estructural que se expresa en la vida cotidiana, laboral y social en general. Por algo el Papa consideró oportuno “reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos” y tildó la violencia contra las personas como “una herida en la carne de la humanidad”.

Por separado de sus aspectos históricos y culturales, la violencia contra la mujer se origina en una organización del poder que la subrepresenta y que atenta seriamente contra la vigencia de los conceptos de representación y ciudadanía inherentes al republicanismo democrático. La igualdad de género un valor de la representación política, porque sin ella no existe verdaderamente una ciudadanía plena. Organizar el poder con perspectiva de género exige ampliar los espacios donde se desempeña la mujer en el ámbito laboral, terminar con las brechas salariales -el PNUD consigna que para 2021, por cada 100 hombres jóvenes que vivan en situación de pobreza extrema, habrá 118 mujeres. Si se valorara las labores de cuidado y el trabajo no remunerado que realizan las mujeres -31 horas semanales contra 26 de los hombres- este representaría un 22% del PIB ampliado, según Comunidad Mujer (2019). No hay razón para que, a pesar de ser mejores pagadoras, las mujeres obtengan tasas de interés crediticias mayores que los hombres (Informe de Género 2020, CMF).

Permitir el empoderamiento femenino a través de cambios estructurales que superen su situación de desigualdad y redefinan las relaciones de poder, dominación y control ejercidas en los espacios relacionales entre hombres y mujeres sería una contribución a la consolidación de la democracia. A la nueva constitución se plantea el desafío de prohibir explícitamente toda discriminación por temas de género y toda práctica de violencia contra la mujer, de la misma manera como la actual explicita que la esclavitud y los apremios ilegítimos son anticonstitucionales. Sería una contribución más que simbólica a terminar con los femicidios.