Por María Emilia Undurraga, Centro de Políticas Públicas, Facultad de Economía, USS; ex ministra Agricultura
Hace unas semanas la ONU presentó el Reporte Global de Crisis Alimentaria 2022 y el diagnóstico es lapidario: en un contexto en donde más de 800 millones de personas viven con inseguridad alimentaria en el mundo, 193 millones sufren de malnutrición severa e incluso riesgo de muerte por esta causa. Se trata de una verdadera catástrofe humana, un terremoto de gran magnitud, pues solo en 6 años, este número ha aumentado casi al doble.
Y es que alimentar no es tarea fácil hoy, y menos lo será en el futuro con una demanda que aumentará un 20% en 15 años. Transformar el agua en frutas, verduras, granos, carnes, etc., y que estos lleguen a las mesas de los hogares, requiere más que grandes discursos y slogans. Requiere entender la gran variedad de actores que influyen en la cadena, incluyendo el rol fundamental del comercio internacional. Requiere, además, distinguir entre la disponibilidad de alimentos (producción) y la posibilidad de las personas de acceder a ellos. Y, sobre todo en tiempos de crisis, requiere separar las ayudas de carácter puntual de aquellas reformas estructurales para crear sistemas resilientes, potenciando la creatividad, innovación, investigación e inversiones.
Hoy, quienes producen alimentos: pequeños, medianos y grandes, necesitan apoyos (créditos y subsidios) según su capacidad y necesidad. Esta crisis se profundizará si nos vamos por el camino de apoyar solo a una parte de quienes producen o con una sola manera de producirlos. En Chile, solo el 30% del trigo panadero es producido por agricultores de menos de 20 hectáreas y a nivel mundial la producción local de alimentos no satisface a más de un tercio de la población.
Estamos frente a una tormenta perfecta que ha producido grandes alzas en los precios de los alimentos (especialmente en aceite, maíz y trigo), solo comparable con crisis históricas como las del 74 y del 2008, y que al menos mantendrá estos niveles hasta el 2024. Y, como suele ocurrir en estos episodios, los hogares más vulnerables de nuestro país serán los más afectados pues gastan un tercio de su presupuesto en alimentarse y dada la importante alza de 17% del IPC de los alimentos del último año, sin duda requerirán ayuda.
En Chile, son muchos los factores que afectan la producción y el acceso a los alimentos que seguiremos analizando en los meses venideros. No son solo los efectos de la guerra en Ucrania, sino también el desarrollo del Covid; el alza en los precios de los insumos -los fertilizantes-; la tensión en transporte y logística; el cambio climático que ha provocado una sequía prolongada e histórica; y también, la evolución de uno de los dolores más profundos de nuestro país: la inseguridad que se vive en la Macrozona Sur (La Araucanía produce la mitad del trigo en Chile).
Pero, como si esto fuera poco, la propuesta de nueva Constitución aumenta la incertidumbre con un fuerte sesgo urbano en su enfoque. ¿Podremos seguir asegurando la alimentación con la caducidad de los derechos de agua, las restricciones que impone la soberanía alimentaria y las limitaciones al derecho de propiedad?
Ojalá las respuestas a estas incógnitas sean resueltas con una estrategia realmente inclusiva, con todos y todas. Aún hay tiempo.
