Por Gonzalo Martner, economista y profesor titular de la Universidad de Santiago
Recientemente, la Cámara de Diputados envió una petición al Presidente de la República para que patrocine un proyecto de ley que permita a cada persona con fondos en alguna AFP retirar un millón de pesos, siempre que no haya recibido fondos públicos de emergencia. Acto seguido solicita que ese monto sea restituido como bono de reconocimiento por el Estado a cada cuenta de afiliado.
Se trata de un subsidio regresivo, que no incluiría al universo del trabajo informal que no cotiza -mayoritariamente constituido por mujeres- y que no excluiría a los cotizantes de más altos ingresos. Sería financiado con un endeudamiento público con un costo de UF+4% al año, de acuerdo a la mecánica de los bonos de reconocimiento que se propone. Estos se crearon para considerar las cotizaciones realizadas por los trabajadores en las cajas de previsión del sistema antiguo y se trasladaron a una AFP a partir de 1981.
¿No tiene acaso mucho más sentido emitir deuda de largo plazo directamente con bonos públicos a un costo que puede ser hoy muy inferior a UF+4% para financiar un paquete de beneficios sociales frente a la pandemia? Se debe empezar por priorizar a quienes más la están sufriendo, las personas mayores de bajos ingresos.
¿No tiene más sentido aumentar el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia? ¿O subsidiar el uso de recursos de las cuentas del seguro de cesantía para los trabajadores con contrato suspendido?¿O ampliar el Fondo Solidario del subsidio de cesantía? ¿O que se establezca un subsidio de cesantía de emergencia para los independientes, más allá del crédito ya aprobado, que incluya además al mundo de la cultura?
En materia de subsidios frente a los efectos de la pandemia, las peticiones del Parlamento al gobierno no debieran perder el sentido de las prioridades ni de las proporciones. En especial, se debe considerar que no tiene sentido pedir que se entregue recursos de todos los chilenos sin excluir a las personas de altos ingresos, como si Chile no fuera uno de los países más desiguales del mundo. Y aquello de hacer de este un mecanismo voluntario es absurdo: ¿por qué alguien renunciaría a sacar hoy un millón de pesos de su cuenta de AFP si se lo va a pagar el Estado en el futuro, con además UF+4% de interés al año?
En todo caso, si los 10,9 millones de afiliados en las AFP recibieran un millón de pesos subsidiado por el Estado, porque no en otra cosa se traduce la petición de la Cámara de Diputados, el costo (sin considerar intereses) sería de 13,4 mil millones de dólares. Eso es bastante más que los 12 mil millones de ayudas públicas considerados por el gobierno para los próximos 24 meses y que una mayoría aprobó como “marco de entendimiento”. La coherencia no parece estar a la orden del día.
En definitiva, el Estado chileno está en condiciones -mediante el uso de las reservas fiscales existentes (21 mil millones de dólares a fines de abril) y un endeudamiento que hoy se puede obtener a bajo costo- de subsidiar directamente a las personas que más lo necesitan para enfrentar la crisis: aquellos cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza, los trabajadores con contrato suspendido u horario reducido, los independientes con caídas de ingresos, los cesantes y las empresas en dificultades.
Al debatir este tema rapidamente aparece aquello de que otra vez están los economistas poniendo restricciones. Mi respuesta es la de siempre: en materia de economistas, abogados, profesores, periodistas y las profesiones que se quiera, hay de todo. No es el tema. Sacar cuentas y establecer las prioridades colectivas frente a la crisis es el tema. Para eso no se necesita ser economista, sino parte de la ciudadanía.
Además, si las cuentas de AFP son propiedad de cada cual -como han sostenido desde el inicio del sistema sus dueños-, entonces la idea de retirar fondos ante la magnitud de la crisis es válida, pero no existe razón alguna para que ese retiro sea financiado por todos los chilenos, incluyendo los más pobres que no tienen nada o muy poco que retirar. Lo sensato parece ser que el que lo desee disponga de al menos parte de sus recursos en las cuentas de AFP, pero siempre que se transite hacia un nuevo sistema contributivo de pensiones que impida aquello de pan para hoy y hambre para mañana. Un sistema que canalice de aquí en adelante el 10% de cotizaciones (y un 6% adicional en el futuro, como se ha pactado en el Parlamento) para pagar con los recursos así reunidos a los hoy jubilados según su historia laboral, con una pensión base para todos cercana al salario mínimo y un fondo de capitalización colectivo como reserva frente al cambio demográfico.
Solo un conjunto de medidas que enfrenten en la magnitud suficiente el corto plazo pero sin hipotecar el largo plazo permitirán responder a las graves consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.
