Por Rolf Lüders, economista
Camila Vallejo está impulsando, para financiar una renta de emergencia, la aprobación de un impuesto, por una única vez, del 2,5 por ciento del patrimonio neto de las personas poseedoras de un capital igual o superior a los US$ 22 millones. A su vez, Matías Walker, con similar objetivo, propuso subir indefinidamente en tres puntos el impuesto sobre la renta de primera categoría para empresas con ventas superiores a unos US$ 41 millones anuales. En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se acogieron, en general y en votación dividida, los dos conceptos.
Ambos proyectos, el del impuesto único y aquel del alza del impuesto sobre la renta, son inconvenientes y además inoportunos.
Por un lado, es posible argumentar que el impuesto único a los súper ricos es eficiente, dado que -por ser aplicado una sola vez- no afecta la asignación de recursos a futuro. Ese juicio supone que los agentes confíen en que efectivamente el tributo se aplique una sola vez y esa conjetura -sobre todo en las presentes circunstancias- es una quimera. Frente a este impuesto, la gran mayoría de los individuos de alto patrimonio optarán por aumentar sus inversiones en el extranjero. Eso es fatal, dado que los individuos de alto capital tienden a hacer la mayor proporción de la inversión. Sin inversión no hay reactivación, crecimiento y buenos empleos.
Por el otro lado, el aumento de la tributación sobre la renta de las grandes empresas -en una economía abierta al financiamiento internacional como la nuestra- no es menos dañino. En el corto plazo, igual que lo que sucedería en la práctica con el impuesto a los súper ricos, este mayor tributo se traduciría en una caída de la inversión en el país. En la actual coyuntura, ello aumentaría el desempleo y si ya se hubiese normalizado el empleo, generaría desempleo. Como las personas deben obtener ingresos para sobrevivir, la situación en el mercado laboral muy pronto afectaría a las remuneraciones. Tanto así, que se puede demostrar que eventualmente el peso de este mayor tributo recaería por la vía señalada en su totalidad sobre los trabajadores.
Es decir, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Mientras el país siga azotado por la pandemia, el financiamiento de proyectos sociales temporales debe recaer en el Fisco que, para ello, podrá recortar programas poco rentables socialmente, eliminar exenciones tributarias, o endeudarse. A mediano y largo plazo no cabe matar a las gallinas que ponen los huevos de oro, como sucedería si se aprueban los proyectos tributarios de Camila Vallejo y Matías Walker. Hay alternativas mucho más idóneas para lograr una mayor equidad, como por ejemplo aquella de ampliar la base y la recaudación del impuesto sobre la renta personal, propuesta esta misma semana por la OCDE.
