SEÑOR DIRECTOR:
En mayo se cumplirán cinco años del asesinato de mi padre en el contexto de la usurpación de su terreno. Hoy vemos con desesperanza cómo, en la toma de San Antonio, las mismas instituciones que deben hacer cumplir la ley intentan anular una orden judicial.
Hace seis meses, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó la demolición de la toma. El camino es claro: demoler. La Seremi de Vivienda, Serviu y demás organismos llamados a colaborar, no pueden seguir con excusas ni traspasos de responsabilidad; deben asumir su deber y hacer cumplir la ley.
En un año electoral, esperamos no seguir insistiendo ante una tercera administración presidencial y municipal. El gobierno (nacional y locales) debe decidir qué señal quiere dar a la ciudadanía y si en nuestro país tiene algún valor respetar el estado de derecho y las leyes.
La negligencia sistemática es maltrato; la justicia, un acto reparatorio.
Valentina Correa
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