Por Juan Ignacio Brito, periodista
Es sintomático que la Convención Constitucional pretenda rebautizar al Poder Judicial bajo la denominación “Sistemas de Justicia”. No solo porque busca establecer un esquema cuya aplicación resulta desde ya inquietante, sino porque pone el énfasis en los “sistemas” por sobre las personas.
Un acendrado legalismo lleva a creer que la solución para la crisis del aparato judicial pasa por reescribir el modelo de aplicación de justicia. Pero lo cierto es que, pese a que la discusión constitucional es sin duda muy importante, ella se encuentra lejos de garantizar el correcto funcionamiento de los tribunales. Desgraciadamente, el problema es más profundo que la redacción de una Carta Magna, porque la crisis institucional, política y social es hija de otra crisis mayor, de carácter moral.
En el ámbito de la judicatura, esta crisis moral se manifiesta de maneras muy palpables. Se evidencia, por ejemplo, en el dato conocido hace unos días de que cuatro de cinco individuos detenidos un total de 481 veces por variados delitos han sido dejados en libertad por diversos jueces. O en el lamento de la hija de un vecino de Concón asesinado en 2020, que reclama porque el inicio del juicio en contra de los inculpados por el crimen ha sido pospuesto cinco veces, lo que les ha acarreado a ella y su familia un daño emocional severo. O en el alarmante dictamen de la Tercera Sala de la Corte Suprema acerca de una toma en Viña del Mar. O en la zigzagueante conducta de la Corte Suprema, que, según reveló hace un tiempo un informe que revisó 900 fallos del máximo tribunal, resuelve de manera distinta en casos similares. Para qué seguir; los ejemplos son numerosísimos y variados.
Lo que revelan estos casos es que, incluso cuando las leyes existen y están vigentes, en demasiadas ocasiones los jueces prefieren ignorarlas y fallar de acuerdo con criterios distintos a los que establece la norma que, supuestamente, los obliga. En definitiva, muchos magistrados optan por servir intereses ajenos al bienestar general que encarna la ley. Puede afirmarse entonces que estamos en presencia de un vacío de conciencia, no de un problema legal. Es el mismo patrón de conducta que se observa en otras áreas del quehacer nacional y que se encuentra en la raíz de la crisis por la que atravesamos: se hace lo que resulta útil para los intereses propios, no lo que se debe.
¿Reconoceremos alguna vez esta realidad o seguiremos haciéndonos trampas en el solitario? En lugar de apostar al poder transformador de la refundación constitucional, sería conveniente volver a escuchar a Vaclav Havel, el expresidente checo: “Un sistema mejor no asegurará automáticamente una mejor vida. De hecho, es cierto lo opuesto: solamente creando una vida mejor puede desarrollarse un mejor sistema”.
