SEÑOR DIRECTOR:
En Chile, la sociedad civil desempeña un papel fundamental en la construcción de un país más equitativo y solidario. Desde organizaciones sociales hasta grupos comunitarios, estos actores abordan problemáticas que el Estado, por sí solo, no siempre puede resolver, como el apoyo a personas en situación de discapacidad, adultos mayores y sectores marginados. Sin embargo, el actual contexto ha complicado su funcionamiento: tras el escándalo del “Caso Convenios”, muchas organizaciones han visto reducidos sus ingresos, lo que pone en riesgo proyectos esenciales que benefician a miles de personas.
En respuesta a esta crisis, se ha presentado un proyecto de ley sobre transferencias estatales a organizaciones de la sociedad civil -que dialoga con la Ley de Presupuestos 2025-, el cual busca establecer mayor claridad y control en esta relación, promoviendo transparencia y rendición de cuentas. Aunque necesario, este proyecto plantea ciertos desafíos. El sistema propone inhabilidades que podría descalificar a entidades clave de recibir financiamiento, sin considerar el contexto o impacto real de las faltas aducidas.
Además, la carga de requisitos administrativos para acceder a fondos públicos amenaza con desincentivar la participación de organizaciones pequeñas y medianas que, pese a su gran impacto social, carecen de los recursos para cumplir con regulaciones excesivamente estrictas. Limitar la subcontratación y hacer obligatorios los concursos de fondos también restringe la flexibilidad de estas organizaciones, dificultando su colaboración en proyectos que requieren múltiples especializaciones.
Para construir una relación efectiva entre el Estado y la sociedad civil, se necesita más que un marco normativo riguroso; se requiere una política de apoyo genuino. La regulación debe ser proporcionada y flexible, considerando siempre el bienestar de los beneficiarios finales, pero asegurando la transparencia del proceso. De lo contrario, los perjudicados serán precisamente aquellos grupos vulnerables que dependen del apoyo de la sociedad civil. En lugar de limitar su alcance, el Estado debe promover una colaboración público-privada que valore y fomente el rol esencial de la sociedad civil en la construcción de un mejor país.
Domingo Poblete, Facultad de Derecho UC
Ignacio Irarrázaval, Centro de Políticas Públicas UC
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