Por Juan Andrés Camus, director Chapter Zero Chile
El acuerdo multilateral de la COP 21 de París (2015), firmado por 197 países, propició el fin de la era de los combustibles fósiles y dio comienzo a un ciclo caracterizado por la preocupación por el medio ambiente, el uso de energías limpias, la medición de la huella de carbono y el uso consciente de los recursos naturales.
Mucho antes del Acuerdo de París, la evidencia científica demostraba que la actividad humana generaba relevantes deterioros en los ecosistemas del planeta. Desde entonces, el desafío ha sido cómo enfrentar el cambio climático y mantener el aumento de temperatura global preferiblemente bajo los 1,5º centígrados, uno de los principales temas de la agenda pública-privada, tanto a nivel nacional como mundial, desde la era preindustrial.
Un aspecto que ha generado mayor debate multilateral –y que hay altas expectativas que se zanje en la COP 26 de Glasgow- ha sido cómo implementar un mercado eficiente de bonos de carbono validado internacionalmente, en el que se ofrezcan incentivos económicos para que las empresas y gobiernos contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental. Se busca así regular las emisiones generadas y considerar éstas como un bien canjeable y con un precio de mercado.
Pese a que aún no es claro cómo quedará finalmente la organización multilateral sobre el mercado e impuestos al carbono, parece inequívoca la dirección que tomará. Los bonos de carbono en Europa han subido más de 100% desde diciembre de 2020, a cerca de US$ 70 por tonelada equivalente. Hace unas semanas, la Agencia Internacional de Energía publicó un estudio donde estimaba que el costo de emitir una tonelada de CO2 podría alcanzar valores de hasta US$ 250 en las economías avanzadas para un escenario cero emisiones al 2050. En Chile, actualmente ese valor de US$ 5.
¿Cómo aplica todo esto a la realidad chilena? Como economía pequeña y exportadora, el Estado y la industria en general debieran continuar con su activo rol de medición de la huella de carbono, para poder gestionarla. Más temprano que tarde ésta se exigirá a nuestros productos y servicios, y eventualmente se aplicarán impuestos a las emisiones generadas al momento de producirlos.
Como país hemos sido pioneros en la transformación energética de la matriz eléctrica. También hemos avanzado en la generación de reportes de sostenibilidad y en la suscripción voluntaria a estándares relativos a la gestión de factores ASG –ambientales, sociales y de gobierno corporativo– por parte de las empresas de mayor tamaño. Nuestro desafío es avanzar hacia la carbono neutralidad de toda la cadena de valor de nuestros productos y servicios, porque pronto será un requisito de nuestros clientes y socios comerciales y sobre todo por nuestra responsabilidad con las generaciones venideras.
El World Economic Forum estableció una iniciativa de Gobernanza Climática. En 2019, un grupo de directores independientes del Reino Unido formó “Chapter Zero”, que recibió el auspicio y apoyo de la Universidad de Cambridge. “Chapter Zero” promueve la formación de estos capítulos en todos los países del G20 y en algunos específicamente seleccionados, como Chile.
Así, en 2021 nace “Chapter Zero” Chile, bajo la coordinación del Instituto de Directores y la colaboración de EY y la Bolsa de Santiago, con un directorio local que ya está trabajando para poner estos temas sobre la mesa. Se busca contribuir a la generación de espacios donde organizaciones vinculadas al cambio climático y el desarrollo sostenible, y la comunidad empresarial en general, puedan discutir ideas para lograr la carbono neutralidad en el menor tiempo posible, anhelo que tantos compartimos.
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