Transparencia con sentido

En las próximas semanas se conmemorarán diez años de la promulgación de la ley de transparencia y acceso a la información pública, que ha constituido un hito relevante para la democracia en nuestro país. El cambio cultural que se ha producido ha sido un salto relevante, porque no sólo ha contribuido a reconocer y garantizar un derecho humano fundamental como es el derecho de acceso a la información, sino que también ha hecho posible contar con una herramienta de rendición de cuentas o accountability social que permite controlar de mejor manera el ejercicio del poder y la toma de decisiones, evitando aquellos mantos de opacidad que pueden derivar en irregularidades, abusos o corrupción.

Es posible que ello no se nos haga evidente a primera vista, ni en la vida cotidiana de los ciudadanos. En efecto, es posible que muchas personas no asocien muchos casos de alta connotación pública a la existencia de un instrumento como la ley de transparencia que ha permitido acceder a información a la que antes era imposible llegar. En esto, los medios de comunicación han cumplido un rol fundamental utilizando este instrumento para poder desarrollar un efectivo control social.

Una reciente publicación del Consejo para la Transparencia permite ilustrar esto y da cuenta de la existencia de una multiplicidad de casos de alta connotación pública que fueron dados a conocer gracias a la ley de transparencia. Así, por ejemplo, se han denunciado situaciones tales como los viajes injustificados de concejales de diversas comunas del país, incumplimiento de horarios de trabajo por parte de médicos, uso irregular de terrenos de Cema Chile y, más recientemente, la existencia de protocolos para abordar el acoso sexual y el registro de denuncias en las universidades estatales por este motivo. Todos estos ejemplos, entre muchos otros, dan cuenta de que la ley de transparencia constituye un buen instrumento para el control, pese a que de acuerdo a los datos del Estudio Nacional del Consejo para la Transparencia, revelen que el conocimiento de la ley llega a un poco más del 30% de la población, concentrándose el mayor conocimiento en los estratos sociales más altos y los sectores con mayor nivel educacional. A lo anterior se suma que persisten desafíos en la construcción de una información que las personas perciban como confiable y clara, para lo cual es importante también hacernos cargo no sólo de tener información disponible, sino que del lenguaje que utilizamos para ponerla a disposición de las personas sea clara y comprensible.

En este sentido, es evidente que el desafío para los próximos años es poder diversificar y masificar la utilización de este derecho, tal como ha ido ocurriendo lentamente en los últimos años, para lo cual el anuncio de una nueva agenda de transparencia 2.0 de la actual administración es, a todas luces, una oportunidad.

La permanencia de la desconfianza ciudadana es una enfermedad para la institucionalidad que afecta la calidad de la democracia. Sin duda el antídoto está en manos de la profundización de la Transparencia y la probidad.