Por Gloria de la Fuente, presidenta de Chile 21
Las dudas sobre la real cantidad de muertes provocada por la pandemia de coronavirus en Chile es el mayor problema de credibilidad que afecta a las autoridades en momentos donde, lejos de una meseta como se anunciaba hace algunos días, los contagios por la enfermedad se han disparado especialmente en la Región Metropolitana y el sistema de salud se encuentra con la capacidad casi a tope.
Es cierto que el autocuidado y el sentido de comunidad para protegernos entre todos es un imperativo ciudadano. También es cierto que en momentos de crisis como esta, la lógica indica que debieran todos los sectores políticos colaborar para enfrentar adecuadamente esta situación. Sería absurdo pensar, como me señalaba en redes sociales un eximio representante de la extrema derecha, que la izquierda está buscando que la gente se muera para ganar apoyos. Es preciso distinguir entre odiosidad y la necesidad de exigir la rendición de cuentas a las autoridades, más aún cuando todos los días la toma de decisiones afecta la vida de millones de seres humanos. No hay quien, en su sano juicio, pueda desear sacar ventaja de una tragedia como la que enfrentamos.
Un gran acto de confianza ciudadana es la elección de autoridades que los faculta, entre otras cosas y en momentos especialmente delicados como éste, a tomar decisiones tanto sobre la política sanitaria nacional e, incluso, mediante un estado de excepción constitucional, el control del orden público que pasa a manos de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, entendiendo además que el acceso a la información es un derecho humano fundamental, es esperable que los datos sobre la pandemia puedan estar siempre disponibles y respaldar efectivamente las decisiones epidemiológicas que se vayan tomando diariamente. No obstante, la realidad es que todas esas decisiones se han ido tomando bajo una gran crítica de especialistas sobre la falta de desagregación de los datos (que provocó el quiebre de la mesa creada para estos fines) y de la privacidad de la información que custodian las reparticiones públicas (a propósito de la filtración de datos desde el Minsal sobre los contagiados).
En contextos como este se generan incentivos perversos para la circulación de información falsa, pero también de aquella que debiera ser protegida con especial celo para resguardar derechos fundamentales de las personas respecto a sus estados de salud. ¿Habrá sido la percepción de ocultamiento lo que llevó a un medio online de periodismo de investigación a liberar datos de un mapa de contagiados de la Región Metropolitana sin mayor cuidado de la privacidad de los pacientes? Cuestiones como estas son las que no pueden tener cabida.
Gracias a la actual ley de acceso a la información se han levantado las alertas respecto a la cantidad de personas fallecidas a causa de Covid-19 en Chile, a partir del requerimiento de un ciudadano al Registro Civil. A esto justamente apunta una norma que lo que busca es hacer posible el control social de las autoridades. Sin embargo, si bien es el mayor avance en la administración pública en los últimos años llega tarde para que los periodistas e investigadores puedan cumplir su labor, por cuanto los veinte días de plazo que establece incentiva la búsqueda de fuentes alternativas, dados los cambios acelerados de la información respecto a la pandemia. Una norma como esta requiere pensarse para facilitar el acceso rápido y oportuno a la información agregada y anonimizada, que puede ayudar a legitimar las decisiones de la autoridad.
Otras tantas lecciones hemos aprendido en materia de protección de datos en esta crisis. La filtración de información personal y sensible es una vulneración flagrante a derechos fundamentales y lamentablemente nuestra legislación en la materia es tan precaria, que deja algo indefensos a los ciudadanos frente a este tipo de situaciones. También esto requiere una mirada legislativa más exhaustiva porque se necesita garantizar los derechos a la privacidad de las personas y las garantías de un manejo seguro por parte del Estado.
Garantizar el control social, mediante el acceso a la información y el resguardo de derechos fundamentales de las personas mediante la protección de sus datos, es hoy un imperativo para las autoridades que deben hacer frente a la peor crisis sanitaria del último siglo.
