Por Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio de Gasto Fiscal
El gasto en infraestructura es sensible a los ciclos económicos. Hoy, gran parte de los proyectos de construcción en Chile se encuentran paralizados. En el ámbito público, el gobierno además ha presentado ajustes fiscales, contemplando una reducción de los subtítulos de inversiones de un 13% en relación al presupuesto 2020.
Como parte de la reactivación económica, aumentar la inversión en infraestructura de uso público es importante. Según la Cámara Chilena de la Construcción, por cada 10% de aumento, el PIB crecería 1,7% per cápita. No obstante, en los tiempos de hoy, cuando varios paradigmas del pasado quedan obsoletos, vale afinar más y mejor los objetivos de esa reactivación vía inversión. Invertir en “infraestructura” no es un objetivo en sí mismo, ni es objetivo suficiente que esa inversión aumente el PIB, mientras no esté claro cómo eso beneficia a la ciudadanía, al medioambiente, al combate del cambio climático, o a la economía en el marco de la IV Revolución Industrial.
Recientemente, el World Economic Forum recordó que la planificación de infraestructura pública debería salir de su paradigma de partir desde soluciones como “construir un puente” o “pavimentar la ciudad”, para evolucionar hacia objetivos, cómo “construir ciudades más amigables”. Este enfoque implicaría modernizar cómo medir la rentabilidad social de iniciativas y cómo priorizar y rendir cuentas según objetivos y metas. Complementario a ello, algunos instrumentos para el financiamiento de infraestructura pública, como la inversión de impacto social, también dan una oportunidad nueva para no solo apalancar financiamiento, sino también acelerar la transición hacia un sistema con una evaluación continua en base a criterios objetivos y transparentes.
Las iniciativas de inversión deberían producir mejores datos, también para el monitoreo ciudadano, dice McKinsey. En este sentido, destacan otros pendientes acerca de las inversiones públicas. Actualmente no hay datos disponibles para analizar las desviaciones de plazos y montos de obras. Para concesiones, todavía ni se disponibilizan datos abiertos. El Ministerio de Obras Públicas ya indicó querer avanzar en transparencia. Se trata de un esfuerzo a profundizar y extender para asegurar una mayor probidad a la hora de reactivar la economía vía inversiones. Una respectiva agenda también debería incluir: i) la creación de un registro nacional y transparente de beneficiarios finales, con datos de contratistas y empresas dueñas de terrenos, y ii) una mayor y mejor supervisión de contratos vía controles por oposición de intereses.
Por último, y tal como lo destacó recién el Consejo de Políticas de Infraestructura al hacerse parte del llamado hacia una reactivación sostenible, la futura inversión en infraestructura deberían considerar la sostenibilidad como elemento sine qua non. En especial -también- porque no será justo financiar con recursos de nuestros hijos -deuda publica- iniciativas que van a dañar justamente a ellos, el medioambiente o el clima.
