SEÑOR DIRECTOR:
Preocupación ha causado entre observadores de la judicatura nacional el escándalo suscitado por nuevas filtraciones del celular del abogado Luis Hermosilla, que sugieren que en años reciente han ocurrido instancias de tráfico de influencias a propósito de procesos de designación de jueces, notarios y conservadores de bienes raíces. En el caso que hizo noticia esta semana, la pareja de una ministra de la Corte Suprema habría ofrecido a un (entonces) competidor del actual Fiscal Nacional favores a cambio de que retirara su candidatura, gestión que no fue categóricamente desmentida ni por el involucrado (cuyos antecedentes profesionales no parecen habilitarlo para “ayudar” a nadie en materia de designaciones a este tipo de cargos) ni por su pareja, quien hizo una declaración pública sosteniendo que “Aquí ha habido un exceso de buena fe y de tratar de ayudar a una persona amiga, no en una influencia ilegítima, sino tratar de dar una información que pidió”.
Considerando la entidad de lo que pudo haber sucedido, es de esperar que este confuso episodio sea investigado a fondo, para despejar toda duda acerca de la integridad de los involucrados o, para el caso que hayan existido irregularidades, que éstas sean debidamente establecidas y sancionadas, para evitar que se reiteren a futuro.
Tan importante como lo anterior, el episodio sugiere que es necesario revisar la idoneidad de los procesos de designación de ministros de altos tribunales de justicia y de otros funcionarios, en una época en que la exigencia de transparencia es mucho más elevada que antaño. En este sentido, cabe celebrar el reconocimiento que la propia Corte Suprema ha hecho acerca de la necesidad de ‘aggiornar’ el sistema de nombramientos del Poder Judicial, algo que ahora corresponde al sistema político abordar.
Para un país, como Chile, que aparece entre los pocos que cuentan con un Estado de Derecho razonablemente imparcial en América Latina, la sola posibilidad de que la designación de los más altos magistrados de la nación se encuentre contaminada por prácticas contrarias a la probidad representa un hecho de máxima importancia, que debiera llevar a quienes tienen la responsabilidad de hacer ajustes al sistema de nombramiento de jueces y otros funcionarios a comenzar a la brevedad la reforma del mismo, de manera de minimizar la opacidad de estos procesos, lo que propicia negociaciones irregulares.
Javier Couso Salas
Director del Doctorado en Derecho, Universidad Diego Portales
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