Por Alejandro Barros, director de Espacio Público; investigador del Centro de Sistemas Públicos U. de Chile
Hace unos días el Consejo para la Transparencia publicó los resultados de un estudio respecto del uso de las solicitudes de información (transparencia pasiva) en los últimos años, el cual es un procedimiento regulado por nuestro marco jurídico. El crecimiento de estas solicitudes de información ha sido exponencial en los últimos años, pasando desde 24.680 solicitudes anuales en 2009 a 245.816 en el año 2020, esto es, se han multiplicado por 10, llegando a un total de más de un millón trescientas mil en todo el periodo.
Si bien esto puede parecer algo bueno, ya que muestra como los ciudadanos están más empoderados y presionando a los órganos del Estado para acceder a información que consideran debe ser pública, realizando solicitudes de información para acceder a ella, creo que es la métrica incorrecta para efectos de medir el estado de la transparencia.
Hace varios años participé en un prestigioso seminario sobre acceso a la información pública, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información -organismo mexicano y uno de los primeros reguladores en materias de transparencia en la región-, denominado Semana de la Transparencia. En él había representantes de prácticamente todos los órganos rectores de transparencia de la región, incluyendo nuestro Consejo para la Transparencia.
Todos los representantes de los países mostraban con orgullo este tipo de métricas y gráficos con “incrementos exponenciales de solicitudes de información a lo largo de los años”, además sentían mucho orgullo por ello, sacando la conclusión de que el marco normativo y el cambio de prácticas estaba dando sus frutos.
Todo iba bien y habían muchas coincidencias a lo largo de los países, hasta que al representante del regulador de un país anglosajón le tocó hacer su ponencia y abrió mostrando su extrañeza por la métrica en cuestión “cantidad de solicitudes”, y planteó que esa métrica era incorrecta, debiera ser justamente al revés -todos los representantes de los países se miraron entre ellos-, esto es, “mientras más transparente un país, menos solicitudes deberían existir”, y la curva debiera ser decreciente y no creciente. En último término, la información de carácter público (que debiera ser la mayoría de la que reside en el Estado) estaría disponible y por lo tanto no es necesario pasar por ese proceso de solicitud; el paradigma correcto es “menos solicitudes implican mayor transparencia”.
En lugar de eso, nosotros la usamos en forma errónea y, además, traspasamos el costo de transacción de la transparencia al ciudadano: si quiero acceder a una información de por sí pública, debo solicitarla, esperar varios días y cruzar los dedos para que pueda acceder a ella. Incluso algunos servicios públicos van más lejos: cuando entregan la información lo hacen directamente al solicitante y no la publican en su sitio web para evitar futuras solicitudes de otros usuarios, un modelo de transparencia ciudadano-céntrico maduro se sustenta en transparencia activa y no pasiva.
¡Esto debiera llevar a repensar la métrica!
