Por Gloria de la Fuente, presidenta, y Francisco Leturia, consejero, Consejo para la Transparencia
En octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó su nueva “ley modelo” de transparencia y acceso a la información pública. Ella confirma tendencias mundiales: una fuerte expansión de los principios de publicidad y de transparencia en asuntos de interés público, estatales y privados, y una necesidad estructural y esencial de toda sociedad democrática.
Nuestro país fue pionero en estas materias. Tras 12 años, la Ley de Transparencia y el Consejo para la Transparencia (CPLT) son parte de un ecosistema clave para el escrutinio del poder por parte de una ciudadanía activa. Cuando se aprobó la Ley Nº20.285, en Chile primaba una fuerte cultura de la opacidad. Hoy, la transparencia es valorada transversalmente y ha demostrado que promueve el buen gobierno y el escrutinio público.
El proyecto de ley de “Transparencia 2.0” va por el camino correcto. Esperamos que la apertura del periodo para presentar indicaciones lleve a concretar los ajustes que permitirán modernizar nuestra normativa y adecuarla a los estándares que hoy reclama la ciudadanía, porque queremos que la transparencia no solo sea una buena palabra y un privilegio de unos pocos.
Nuestro último Estudio Nacional de Transparencia evidenció el reconocimiento transversal al derecho de acceso a la información, además hemos visto un importante aumento de casos, y con ello también la necesidad de incorporar a otros poderes del Estado y a una larga lista de órganos públicos y privados. Asimismo, urgen ajustes a nuestro gobierno corporativo: mayor dedicación de sus consejeros, regulación de inhabilidades, conflictos de intereses y “puerta giratoria”.
La implementación de estándares más altos en estas materias exige también un especial cuidado en el nombramiento de los nuevos consejeros. Solo candidatos con conocimientos, competencias técnicas y capacidad de actuar con real independencia permitirán generar la confianza que se requiere para que el Consejo pueda asumir las facultades necesarias para profundizar la transparencia en nuestro país.
Un punto de preocupación es la paralización de nuestras funciones ante la falta de nombramientos en el Consejo Directivo. Hoy estamos preparados para enfrentar un mes sin quórum, no obstante, todas las señales apuntan a que ese plazo se extenderá, generando un problema a la ciudadanía. Sin duda, es un tema a corregir en la ley. Mientras, necesitamos del compromiso de las autoridades para sacar esta tarea adelante.
La transparencia es extraordinariamente efectiva para favorecer el buen gobierno, reducir la corrupción, generar cohesión democrática y confianza en nuestras instituciones. Por eso los poderes abusivos rehúyen de ella: ninguno es capaz de derrotarla. Es urgente que nuestras autoridades den señales de su compromiso en este sentido, acelerando el trámite legislativo y tomando las decisiones políticas que corresponden.
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