Transporte público a un año del estallido social
Por Felipe Ulloa, consultor en Infraestructura y Transportes
Cumpliéndose un año del estallido social, gatillado por alzas sucesivas en las tarifas del transporte público de Santiago, acumulando más de $30 pesos durante 2019, este 2020 el transporte de la capital vuelve a ser noticia por un recorte en los montos de inversión a la infraestructura del orden de $23.000 millones, lo que implicara una caída aun mayor de los niveles de servicios del sistema y es de esperar que no se registren alzas nuevamente en las tarifas en los pasajes.
Como experto en transportes he señalado en numerosas columnas de opinión en los últimos años que el transporte público debe tener una tarifa social en todo el país, esto significa que un hogar de cuatro personas que recibe una renta mensual de sueldo mínimo no debería pagar más del 10% de ella en transporte público para todo el grupo familiar. Mismo criterio se emplea en los demás países del Latinoamericanos, EE.UU. y Europa, por mencionar algunos.
En términos numéricos, por ejemplo, en California, en la ciudad de San Francisco, el valor de la hora de sueldo mínimo es de 15 dólares y el transporte público tiene un costo de 2,5 dólares. Lo anterior en términos mensuales equivale a una renta de sueldo mínimo de 2.400 dólares y un gasto de transportes de 100 dólares que equivale a un 4,2% de gasto en transporte relativo a la renta mínima, distante del 10% propuesto y del caso de Chile en que las personas gastan hasta el 50% de la renta mínima en transporte.
El problema de las alzas en el pasaje de transporte público es que desde el 2010 hasta el 2020 la variación del sueldo mínimo ha sido de un alza en torno al 40%, mientras que el alza del costo del pasaje ha variado en torno al 70%, es decir, el sueldo mínimo del 2020 puede costear menos viajes en transporte público que el sueldo mínimo de hace una década. Proporcionalmente las personas se han empobrecido en función de este ítem. (datos según INE www.stat.ine.cl)
Por otra parte, se debe analizar que Chile gasta aproximadamente US$ 2.000 millones al año en subsidio para el transporte público de la capital y el subsidio de la denominada Ley Espejo. El Estado hoy gasta más por la vía del subsidio que si el sistema fuera estatal, pues al comprar 6.000 buses (los buses del sistema Transantiago) a US$ 300.000 cada uno en un año, el país gastaría US$1.800 millones y tendría un plazo de 10 años para depreciar y costear los costos de operación con valores muy por debajo de lo que implica la compra del material rodante, los buses actuales sobrepasan los 12 años de funcionamiento.
Otra arista del problema se refiere al indexador de precio que ajusta la tarifa del Transantiago que tiene como mandato nunca bajar de precio y siempre subir, esto es el DS 140 (http://www.paneldeexpertostarifas.cl/decretos.php), y sin ir más lejos en el Acta N° 181, de la 126ª sesión ordinaria del panel de expertos de la ley 20.378 del 30 de julio de 2020, se consigna una baja en el precio del petróleo, cito: “En relación al polinomio de indexación, los representantes del DTPM presentaron a los panelistas una proyección del polinomio de indexación, que estima una caída desde 584,1 a 560,2 entre los meses de julio y diciembre del 2020, igual a una disminución del 4,2%, principalmente por la caída del precio del petróleo diésel”. La caída en el precio del petróleo no ha sido transferida en una reducción del precio del pasaje de Transantiago. (http://www.paneldeexpertostarifas.cl/documentos/Acta181.pdf)
Con los antecedentes señalados y considerando incluso lo que ha señalado en mismo Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington DC (https://www.latercera.com/pulso/noticia/bid-la-desigualdad-y-el-boleto-de-metro/GG72CABDHJFJLA3Y6746SY5CTE/) es que urge relacionar el precio del pasaje del transporte público con los sueldos mínimos y que este valor del pasaje del transporte no supere al menos el 10% de la renta mínima mensual en este ítem.