Por Diego Navarrete, abogado
La semana pasada se dio inicio al procedimiento de acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Se le acusa de notable abandono de deberes, por haber presidido la comisión que el año 2016 concedió la libertad condicional a Hugo Bustamante, el imputado por la muerte de Ámbar Cornejo.
La acusación es jurídicamente débil, y no se observa un abandono de los deberes de la ministra Donoso. La libertad condicional fue fruto de una decisión colegiada y no personal; los informes psicosociales de reinserción eran -y siguen siendo- deficitarios; y la decisión se ajustó estrictamente a la normativa y los criterios jurisprudenciales vigentes en ese momento.
En el fondo, la acusación es una crítica a la decisión de la Comisión de Libertad Condicional -cuatro años después y mediada por el escándalo-, en la que, de alguna manera, se endosa a una jueza en particular toda la responsabilidad por las falencias del sistema penitenciario, conocidas y denunciadas hace muchos años.
Así, lo preocupante no es tanto la liviandad de la acusación constitucional, sino lo sintomática que resulta de una política que elude su responsabilidad.
No es primera vez que ministros de los tribunales superiores se ven expuestos a un reproche político por el contenido de sus fallos. La acusación constitucional del año 2018 en contra de los ministros Dolmestch, Valderrama y Kunsemüller y el rechazo a la designación del ministro Raúl Mera a la Corte Suprema, son ejemplos claros de ello.
En ambos casos, se castigó políticamente a los jueces -con la amenaza de destitución o el rechazo de una nominación- por dictar fallos en los que un determinado sector estaba en desacuerdo. Con total prescindencia de los méritos o la trayectoria de los ministros, el Congreso envió una señal muy preocupante para la independencia del poder judicial: el cargo de los jueces depende de cómo resuelvan determinados asuntos.
Se trata de una intromisión grave y, además, algo oportunista. La responsabilidad de elaborar y ejecutar políticas adecuadas que respondan a las necesidades ciudadanas radica en el Congreso y el Ejecutivo. La precariedad del sistema penitenciario y de reinserción social es conocido. Los propios tribunales han denunciado reiteradamente la inhumana calidad de los recintos penitenciarios; la necesidad de instaurar tribunales de ejecución; y la insuficiencia de los informes psicológicos en esta materia.
Estas medidas se han postergado largamente. Y los jueces deben resolver con lo que existe. Lo grave es que, a través de la revisión de sus fallos, la responsabilidad se apunta convenientemente hacia el poder judicial. Así ocurrió el año 2014, con la acusación constitucional al entonces ministro Héctor Carreño con motivo del informe sobre abusos en el Sename, y así ocurre en esta ocasión con la ministra Donoso. En ambos casos, el reproche formulado a los jueces deja en evidencia los problemas no resueltos por el sistema político. Paradójicamente, son justamente el Sename y el sistema penitenciario, las instituciones que debieron proteger a Ámbar Cornejo, y terminaron contribuyendo a su trágica muerte.
La historia no se repite, pero rima. Aquí radica la gravedad del asunto: la práctica de apuntar a los fallos de los tribunales es propio de un sistema político inmovilizado, que elude su responsabilidad y se esconde tras la toga de los jueces.
