Traspié en proceso de consulta indígena

El proceso de consulta a comunidades indígenas que ha impulsado el Ministerio de Desarrollo Social -con miras a introducir una serie de cambios en la Ley Indígena, sobre todo en lo relativo al tratamiento de las tierras- ha encontrado una serie de dificultades, producto de la violenta reacción por parte de algunos comuneros o activistas, así como del rechazo pacífico de algunas comunidades, reacias a los cambios propuestos. Las complejidades de dicho proceso han llevado a la suspensión en algunas zonas del país, en tanto que las nuevas autoridades del Ministerio han comprometido una revisión del modelo y procedimiento de la consulta.

Este proceso se lleva a cabo siguiendo estrictamente lo que establece el Convenio 169, el cual hace obligatorio el proceso de consulta a los pueblos originarios cuando se promuevan cambios en legislaciones que les atañen. Resulta de especial gravedad que en fases tempranas de este proceso de consulta se hayan producido escenas de violencia completamente inaceptables -con agresiones y amedrentamientos a los funcionarios a cargo de la consulta-, lo que es una forma delictiva y contraria al propio espíritu de participación que promueve la institucionalidad indígena. Es lamentable que una vez más grupos pequeños pero altamente organizados tengan la capacidad de boicotear iniciativas de diálogo y desafiar al estado de derecho.

Los cambios que el gobierno impulsa a la Ley Indígena no son antojadizos, sino que son fruto de las recomendaciones surgidas del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, iniciativa que impulsó el Presidente de la República apenas iniciado su mandato. Entre ellas, se recomendó entregar "una pluralidad de herramientas que les permitan realizar los proyectos y desarrollos que libremente decidan ejecutar", tal que sin disminuir en ninguna forma el patrimonio de tierras indígenas, se puedan potenciar iniciativas productivas de toda índole.

A partir de dicho diagnóstico el Ministerio propuso la consulta de 11 medidas, entre ellas, posibilitar a las comunidades indígenas recibir o generar títulos individuales de dominio, eliminar la restricción de subdivisión mínima de tres hectáreas, permitir la realización de contratos de arriendos por plazos de hasta 25 años, y autorizar mecanismos alternativos y voluntarios de reparación a los problemas de tierras indígenas. También se proponen requisitos más estrictos para la constitución de comunidades.

Las voces críticas a dicho proceso han reprochado su carácter "economicista", y de buscar dividir a los pueblos indígenas, al propender a su atomización. Las nuevas autoridades del Ministerio deben examinar si las propuestas han sido transmitidas adecuadamente, así como el sentido de lo que se busca. Hay un trabajo de sensibilización e información mucho más intenso de lo que probablemente se estimó en un principio. Es razonable que se abra un debate en el país sobre si los mecanismos de entrega de tierras han sido adecuados, y escuchar lo que las comunidades tengan que decir, siendo legítimo que puedan expresar su rechazo al proyecto. La violencia, sin embargo, no puede tener cabida y debe ser repudiada.