Columna de Carlos Correa: Tres anuncios por un crimen

Uno de los tres Oscares de Frances McDormand es por el papel de una madre desconfiada de la justicia, en la película que da nombre a esta columna. Ante la impotencia del nulo avance de la investigación por el crimen de su hija, opta por una campaña comunicacional consistente en colocar desafiantes carteles en las carreteras de acceso a su ciudad.

Una situación parecida se vive en estos días, donde el desprestigio del Poder Judicial se convierte en un motivo político y un hecho comunicacional, al ingresar tres acusaciones constitucionales contra jueces supremos, una situación que no se vivía desde los años 90. En aquel entonces se presentaron también tres acusaciones ante la evidente falta de justicia en el caso de Alfonso Chanfreau, contra dos jueces de la Suprema y el fiscal Torres, figura símbolo de la negación de justicia a las familias de los detenidos desaparecidos. El prestigio de la Corte Suprema estaba por el suelo, y el propio Presidente Aylwin se los dijo en una inauguración del año judicial.

Los escenarios no son comparables, pues hoy la justicia respeta plenamente la aplicación de los derechos humanos y no hay más fiscales ad hoc moviendo causas hacia la justicia militar. Pero la situación es crítica, pues la Corte Suprema y el Ministerio Público tienen una muy baja aprobación ciudadana en este tiempo. La reciente revelación de vínculos con el abogado Hermosilla para influir en la designación de jueces y eventualmente fiscales, genera aún más dudas sobre su fiabilidad, pero ese no es la causa de la baja aprobación.

Los jueces y fiscales, sin hacer diferenciación alguna, son vistos como parte del problema en la seguridad ciudadana. La sensación de puerta giratoria se ha instalado, y si bien los datos indican que hay más presos que antes de la pandemia y que un sinnúmero de bandas criminales están en la cárcel, el relato de las policías que detienen delincuentes que a los pocos días están en la calle debido a jueces muy garantistas sigue instalado.

Todo lo que se ha sabido y sabrá hace ver que los sistemas de designación de jueces de la Corte Suprema, y también de fiscales regionales no resisten más la lógica de los alegatos por WhatsApp. La Corte Suprema tomó nota de este riesgo y pensó de manera ingenua que abriendo un cuaderno de remoción contra una ministra, que además no viene de la carrera judicial, podía contener la tormenta. Pero la Cámara de Diputados tiene su propia agenda y optó por las tres acusaciones constitucionales, que como los anuncios de McDormand, hacen ver la necesidad urgente de una reforma al sistema judicial y del Ministerio Público. No ver esta señal y pensar que las acusaciones corresponden a un problema aislado o de solo agenda en época de elecciones es negar el elefante en la habitación.

El gobierno optó finalmente por la cautela en este tema y como primera medida pospuso indefinidamente las nominaciones para la Corte Suprema hasta que ingrese una reforma al sistema. Pero no es suficiente, y la expectativa es que presente pronto la reforma necesaria y busque un acuerdo de los tres poderes y todas las fuerzas políticas. Para Chile Vamos puede ser una oportunidad de salir jugando, en medio de los fiascos que vienen por el contagio político del caso Hermosilla. No hacer la reforma implicará que seguirán apareciendo whatsapp de jueces y fiscales, ahondando la crisis con la pronta llegada a los puertos políticos.