Tribunal Constitucional

SEÑOR DIRECTOR

En relación al artículo “El duro cara a cara en el TC....” publicado ayer en La Tercera, en el que se alude a una remuneración recibida de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos y su vinculación a suspensiones de procedimientos, aclaro lo siguiente:

1. La aludida acción de inaplicabilidad (no referida a derechos humanos) presentada -en su momento- por la Caja de Ahorros no fue patrocinada por mí, sino que por Jorge Meneses y el equipo jurídico de la oficina de Grasty, Quintana y Majlis. Para ello basta revisar el 5° otrosí del escrito.

2. En todo caso, la referida inaplicabilidad se vio y falló con mucha rapidez. La suspensión decretada, además, fue parcial, declarada unánimemente por la Sala y habiéndose inhabilitado el ministro José Ignacio Vásquez M.

3. Jamás he suscrito un contrato en el que el honorario se fije sobre la base de suspensión de procedimiento en el TC, lo que además me parece poco ético. De hecho, desde que termine mi periodo como ministro del TC, hace ya ocho años, aunque no existe prohibición legal, nunca he patrocinado causas, solo he emitido opiniones e informes en Derecho.

4. El contrato suscrito con la Caja de Ahorros se refiere a una asesoría integral para temas de carácter administrativo, judicial y constitucional, que yo he materializado en opiniones e informes en Derecho. Las diversas acciones administrativas y judiciales presentadas siempre han sido tramitadas por el equipo de la oficina Grasty, Quintana y Majlis, como lo indica el mismo convenio.

5. En todo caso, dicho convenio -basta leerlo y apareció en un medio- tampoco ha contemplado una remuneración por suspensión de acción de inaplicabilidad u otra. Fue firmado casi un año antes de la presentación de la acción (2017) y aún se encuentra vigente la asesoría. El secreto profesional me impide dar cuenta en mayor extensión obviamente de la materia, pero estoy disponible para la revisión ética del contrato en ejecución por parte del Colegio de Abogados.

6. Siempre me he preocupado especialmente del ejercicio ético de la profesión, del que dan cuenta mis casi 35 años de ejercicio y que he desarrollado en la docencia universitaria, ejercicio profesional y judicatura constitucional, además de consejero en el Colegio de Abogados.

Enrique Navarro