Tutela jurisdiccional

SEÑOR DIRECTOR:

Ya encauzado en términos generales un nuevo proceso constitucional, esperamos que quienes trabajen en la nueva propuesta no pierdan la oportunidad de mejorar el estándar del derecho del ciudadano a un acceso a la tutela judicial efectiva.

Hoy muchos ciudadanos que no tienen cómo acceder al amparo de un tribunal, o a los recursos económicos que les permitan cubrir los costos de una asesoría jurídica de calidad, solo cuentan con instituciones públicas que no siempre prestan un servicio adecuado, o privadas que tienen recursos limitados.

Así, muchos conflictos de relevancia jurídica entre particulares terminan sin una solución por parte de la autoridad, con una solución deficiente, o peor aún, resueltos por medio de la autotutela, que es precisamente lo que en un Estado de derecho se pretende evitar.

El derecho a una tutela judicial efectiva ha estado presente directa o indirectamente en todas las constituciones de Chile, incluso también en la propuesta de Constitución que fue rechazada en el plebiscito de salida el pasado 4 de septiembre, pero siempre de manera insuficiente.

Tener acceso a una asistencia letrada competente y un tribunal accesible, que le permita a un ciudadano comparecer ante un tribunal en igualdad de condiciones que su contraparte −como un elemento del debido proceso−, de la que resulten sentencias judiciales eficaces, es una cuestión de nivel constitucional que esperamos esté presente en el debate del nuevo proyecto, como un mínimo indiscutido e innegociable.

Simón Zañartu

Consejero de Fundación Pro Bono