TVN

Una filtración sobre presuntas irregularidades detectadas en el contrato laboral de su Director Ejecutivo, Jaime de Aguirre, reabrió los fuegos en Televisión Nacional. Un contrato cuyas cláusulas no habrían sido conocidas por el conjunto del directorio, que garantiza beneficios económicos excepcionales en un período en que la empresa enfrenta un enorme déficit financiero, y que entre sus secuelas está generando una abultada ola de despidos y la polémica decisión del Congreso de capitalizarla en 47 millones de dólares.

De la filtración, los integrantes del directorio de sensibilidad opositora culpan a su actual presidente, Francisco Orrego. La finalidad de dicha maniobra sería forzar la renuncia de Jaime de Aguirre, quien por razones que hasta ahora se desconocen habría perdido la confianza de La Moneda. La génesis de este nuevo impasse tendría entonces una clara motivación política: sería el gobierno quien desea instalar a un director ejecutivo afín a sus intereses, y para ello habría decidido gatillar la actual crisis, operando a través del presidente del directorio.

La "teleserie" de TVN se encuentra aún en pleno desarrollo y su desenlace es por tanto incierto. Pero la reiteración de este tipo de tensiones (sin ir más lejos, en enero de este año ya habían renunciado los tres representantes del directorio cercanos al nuevo gobierno) confirma un largo desacuerdo sobre aspectos mucho más de fondo, que en la medida que no se aborda como tal, resurge cada cierto tiempo en la forma de pugilatos como el observado esta semana. Así, en esta controversia se encuentran por un lado los sectores que consideran que en el mundo actual, con los cambios tecnológicos en curso y nuevas plataformas en pleno desarrollo, son lógicas comerciales las que articulan a los medios de comunicación a escalas cada vez más globales y competitivas; ello haría inviable un canal de televisión pública con las rigideces propias de una empresa estatal, con un gobierno corporativo cuoteado políticamente según el canon del binominal propio de la transición, y que además, se ha mostrado en los últimos años financieramente insolvente.

La otra sensibilidad en juego, más próxima a la centroizquierda, considera que en una sociedad con los grados de concentración de poder político, económico y comunicacional que existen hoy en Chile, es imprescindible la existencia de una canal público, que garantice espacios mínimos de pluralismo e independencia informativa. Y si ese modelo de televisión que debe contribuir a un mayor equilibrio supone financiamiento y subsidios permanentes, es sin duda necesario que ellos existan, ya que es naturalmente el Estado quien tiene la misión de llevar adelante dichos objetivos.

De algún modo, esta controversia es el mar de fondo que circunda los conflictos de poder que cada cierto tiempo resurgen entre autoridades del canal, actores políticos y gobiernos de turno. En ese sentido, lo lógico y lo adecuado sería asumir el verdadero disenso, transparentar de una vez las posiciones, y hacerse cargo de sus implicancias: dos maneras distintas de aproximarse a los desafíos de las comunicaciones en el mundo actual, y a lo que puede o debiera hacer el Estado en las próximas décadas para abordarlos.