El miércoles pasado las mujeres reflexionaron, marcharon y, en distintos espacios, hicieron un balance sobre el progreso -o no- de sus vidas, atravesadas por una desigualdad que no cede. Nuestra historia es una de avances, retrocesos, pendientes. Ello nos obliga a no bajar los brazos ni dar nada por sentado.
Ciertamente, muchos de los rezagos de hoy se explican por una cultura machista que sigue enquistada, reproduciéndose década tras década, amparada por quienes no quieren que las cosas cambien. Pero no es la única razón de las inequidades estructurales que enfrentamos. Las leyes y regulaciones vigentes -pero también las que se han rechazado o dejado dormir en el camino- son responsables.
Lo advirtió recién el Banco Mundial en su nuevo informe “La Mujer, la Empresa y el Derecho”, donde Chile aparece con mal desempeño en el índice de equidad de género, que mide ocho áreas relacionadas con la participación económica de las mujeres. Estamos en el lugar 80 de 190 países, debajo del promedio de Latinoamérica.
De ahí que el anuncio del Ejecutivo del envío al Congreso del proyecto “Sala Cuna para Chile” haya sido tan positivo. Pero esta muy esperada noticia, en pocas horas se “desinfló” tras el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria ¡todo el mismo 8M! En efecto -discusión y mejoras en el Congreso mediante-, su recaudación habría posibilitado los recursos para llevar adelante una de las reformas laborales más esperadas.
Estamos convencidas de que, con o sin reforma tributaria, el cambio al artículo 203 del Código del Trabajo no puede esperar. Hay consenso hace más de una década que este impone costos diferenciados de contratación por sexo, erigiéndose como una de las principales barreras de acceso, permanencia y desarrollo de las mujeres en el mundo del trabajo formal, causal de brecha salarial y de enormes desventajas para sus hijos e hijas.
El sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen, “padre del Estado de Bienestar” en Europa, señaló en entrevista con este medio que los efectos positivos de una inversión social como esta se triplican, porque invertir en el desarrollo de la primera infancia aumenta el capital humano de la población. Además, eleva el empleo femenino y, por tanto, se reduce la pobreza y se igualan las oportunidades de vida de las y los niños. Será necesario el diálogo político y tripartito entre Estado, organizaciones de empleadores y las y los trabajadores.
La prueba cierta de que con voluntad de las partes se puede ocurrió el mismo día, con la ratificación en el Senado del Convenio 190 de la OIT, para erradicar la violencia y acoso en espacios laborales, avance que nos enorgullece haber contribuido a impulsar como organización. Son las primeras normas internacionales que dan un marco común para la prevención, sanción y erradicación de un flagelo que afecta desproporcionadamente a las mujeres y que podrá enfrentarse a través de una colaboración público-privada virtuosa. De eso se trata cuando nos proponemos avanzar como país y por los derechos de las mujeres que lo habitan.
Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
