Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
Tras dos semanas de diálogo, el gobierno y parte de la oposición llegaron a un acuerdo respecto a un marco fiscal por un período de 24 meses, que permitirá financiar un contundente plan de emergencia frente a la crisis derivada de la pandemia. De esta forma, se establece la creación de un fondo de US$ 12.000 millones provenientes de ahorros y aumento de la deuda, que posibilitarán la extensión y ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia, subsidios a la contratación, incentivos al emprendimiento, programas de capacitación y reconversión laboral, medidas de fomento a la inversión, rebaja transitoria de impuestos a las pymes, entre otros.
Se trata de un paquete de medidas que recoge el necesario equilibrio para ir en apoyo de las familias que han sido afectadas por la paralización de la economía. Por un lado, mediante el complemento a sus ingresos durante la emergencia, pero que para salir adelante requerirán además de la generación de empleo y del emprendimiento. Tal como lo demuestra la propia experiencia del país en las últimas décadas, no hay mejor política social que el trabajo y la autonomía que éste posibilita.
Es además una buena noticia que, en medio de la peor crisis económica y social del último tiempo, parte de la clase política se siente a discutir de buena fe y logre consensuar un marco de entendimiento y medidas que favorezcan una salida lo más rápida posible de ésta. El país ya tiene bastante con las dificultades propias de la pandemia y las pérdidas en vidas que ésta está trayendo, como para que además tuviéramos que lidiar día a día con el show y oportunismo de una parte de los políticos que no se condice con la gravedad de los hechos. Esperemos que el acuerdo nos dé un respiro en ese sentido, favoreciendo la responsabilidad y la gobernabilidad en tiempos de división y recriminaciones.
Ahora bien, no hay que perder de vista que el establecimiento de un marco presupuestario que supera las posibilidades actuales del Fisco significa que se ha acordado gastar recursos que no tenemos y que necesariamente habrá que generar en el futuro. En efecto, se estima un aumento en la deuda pública bruta desde 28% del PIB a fines de 2019 a 43% a fines de 2022, a un paso del 45% que se plantea como límite “adecuado”. Ello indica que el acuerdo no acabará con su materialización en el Congreso, sino que se requerirá que quienes lo firmaron mantengan un compromiso continuo con éste, inclusive en su lado menos popular, cuando en el futuro sea necesario defender la transitoriedad del gasto y la búsqueda de espacios para la convergencia fiscal. En ese sentido, será clave que en el mediano plazo gobierno y legisladores vayan avanzando en la modernización de la manera en que se determina el presupuesto público, pasando desde la actual inercia hacia una lógica de monitoreo y evaluación continua del gasto, perdiendo el temor a recortar programas obsoletos o mal evaluados y abriéndose a reasignar recursos hacia las nuevas prioridades que se presenten conforme el país evolucione.
