Un adecuado gasto público

SEÑOR DIRECTOR:

Septiembre suele ser intenso en nuestro país; además de ser el mes de las Fiestas Patrias, el gobierno alista los últimos detalles para ingresar el proyecto de Ley de Presupuestos, tras lo cual el Congreso tendrá 60 días para su despacho y, sin duda, su discusión se verá impactada por lo que se ha conocido en el “caso convenios”.

En la comisión asesora que me correspondió presidir tuvimos una larga reflexión y deliberación acerca de las características de esta ley, dado que algunos de los márgenes de discrecionalidad para realizar transferencias se encuentran precisamente en sus glosas, estableciéndose en ellas excepciones o detalles que, en la práctica, permiten traspasar recursos establecidos para entidades públicas a privadas -como ocurrió con el programa de asentamientos precarios destinados a municipios y que hizo posible el traspaso a organizaciones como Democracia Viva sin las mínimas garantías ni controles previos- y viceversa. En la práctica, lo anterior ha implicado que no exista absoluta certeza de cuántos recursos públicos terminan en manos del sector privado -con o sin fines de lucro.

Asimismo, se ha constatado una suerte de inercia en la discusión de esta ley anual, dado que más del 75% de gasto contenido en estos presupuestos es considerado como “rígido, permanente o inercial” (Comisión de Gasto Público). El año pasado, por ejemplo, la ley tuvo más de 2.600 glosas, y situaciones que debieran ser temporales, terminan perpetuándose en el tiempo, sin una suficiente evaluación y creando incentivos a gastar a como dé lugar para no ver reducido el presupuesto el siguiente año. Así es como excepciones a reglas generales son establecidas en glosas que pueden pasar desapercibidas en más de 800 páginas aprobadas en el reducido plazo de 60 días.

Es de esperar que en esta nueva discusión de la ley, tanto el gobierno como el Congreso tomen en cuenta las propuestas realizadas en esta materia, racionalizando el uso de glosas, analizando la necesidad de mantener situaciones que se concibieron como temporales y buscando formas más eficientes de analizar la información y fiscalizar los actos de gobierno y ejecución del presupuesto.

De las 46 propuestas que hicimos, algunas de ellas apuntan más bien a cambiar prácticas arraigadas hace décadas que dificultan la modernización del Estado, la eficiencia y eficacia en el gasto, así como una adecuada fiscalización del gasto público. Para esto, será imprescindible la voluntad política, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

María Jaraquemada

Directora ejecutiva Chile Transparente