El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la reforma a la Constitución que permitió un segundo retiro de los fondos previsionales, no solo es una buena señal para quienes observan el desenlace político del país, sino que también representa el triunfo de las instituciones democráticas por sobre las fuerzas y acciones irresponsables que las debilitan.
En su libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt definen ciertos indicadores de comportamiento que van en contra de esta. El primero de ellos consiste en el “rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego”. En esta línea, establecen dos preguntas para identificar dicha conducta: ¿Rechazan la Constitución o expresan su voluntad de no acatarla? ¿Pretenden usar o aprueban el uso de medidas extraconstitucionales para cambiar el gobierno, como golpes militares, insurrecciones violentas o manifestaciones masivas destinadas a forzar un cambio?
Pareciera ser que estamos frente a actores políticos cuyo comportamiento dista bastante de ser democrático, toda vez que expresan un débil compromiso con las normas que limitan sus dominios, promoviendo formas extrainstitucionales para alcanzar sus objetivos. Hoy, escondidos tras una supuesta sintonía con la población y preocupación por sus necesidades, tildan de letra chica las reglas constitucionales que desde el siglo XVII se han entendido como parte del gobierno de la ley, intentando instalar por medio de trequeñuelas más de una decena de proyectos que son inconstitucionales.
En este sentido, los autores antes citados dicen que las democracias también se ven afectadas por la falta de respeto a aquellas reglas referidas a la contención institucional. Este canon implica la voluntad de no utilizar frívolamente las medidas legales o constitucionales, lo que, en la práctica, es muy importante pues afectaría el juego limpio entre los adversarios, pudiendo conducir a que los conflictos políticos se resuelvan por vías de hecho, como golpes de Estado o insurrecciones populares.
Frente a la posibilidad de un debilitamiento institucional grave, el ministro de Hacienda tuvo el coraje de defender las reglas de la democracia, al impulsar la decisión de recurrir al TC. El parlamento no debe atribuirse facultades que no le corresponden a través del provecho o uso de cualquier resquicios. Dicho esto, pareciera ser que en los próximos años uno de los desafíos consistirá en contener y aislar el populismo que se ha tomado el Congreso, junto con evitar que permee la discusión constitucional.
El fallo del TC es una buena señal, que permite distinguir entre quienes si respetan y quienes no acatan las reglas de la democracia. A su vez, representa una advertencia a aquellos legisladores que no son capaces de autocontenerse, y que, además, han hecho campaña política erosionando los ahorros previsionales de millones de chilenos. Ya era hora de que alguien pusiera freno a la vanidad de aquellos parlamentarios que son capaces de hacer lo que sea, sin medir efectos o consecuencias, con tal de recibir su tan cotizada notoriedad.
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