Por Gonzalo Martner, economista y académico Facultad de Administración y Economía Usach
Sebastian Piñera, a días de la segunda vuelta de la elección presidencial, anunció lo que tiene un amplio consenso desde hace mucho tiempo (dicho sea de paso, se hubiera evitado muchos problemas si lo hubiera hecho al iniciar su administración): establecer una pensión garantizada para el 90% de los mayores de 65 años. Esta se extendería incluso a los que aún trabajan y reemplazaría la pensión básica y los aportes solidarios parciales actuales. El gobierno anunció un valor de 185 mil pesos mensuales como aporte directo para quienes estén dentro del 80% de menos ingresos (menos de 620 mil pesos por persona), mientras que para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% el monto disminuiría hasta cero.
El nuevo proyecto gubernamental reemplaza el propuesto por Piñera a fines de septiembre, que incluía una cobertura más baja y un monto por persona algo inferior. Ahora el gasto adicional previsto pasa de 0,4% a 1% del PIB para cubrir a 2,3 de los 2,5 millones de personas mayores de 65 años. El Pilar Solidario suma actualmente del orden de 1,1% del PIB, con un aporte complementario de la pensión autofinanciada para 1,2 millones de personas y una pensión básica para cerca de 600 mil, con una cobertura total de 1,8 millón de personas. El anuncio del 9 de diciembre llevaría a 2,1% puntos del PIB el costo presupuestario total de la pensión básica financiada con impuestos. Según el gobierno, la mitad se financiará con exenciones, cuya eliminación respecto al proyecto de septiembre deberá ampliarse para que las cifras cuadren, mientras la otra mitad se cubrirá con lo ya presupuestado en la ley corta y la ley larga de pensiones presentadas previamente al Congreso y que no prosperaron.
Estas cifras ya son una mejor base para seguir avanzando hacia una pensión mínima digna que cubra a toda la población mayor, como ocurre en los estados de bienestar decentes. Son un avance para los más vulnerables de la sociedad, fruto de largas luchas, sin perjuicio de futuras ampliaciones y del cambio del sistema de pensiones contributivas. Kast propone consolidar el sistema de AFP con un 4% adicional progresivo de cotizaciones de cargo del trabajador y Boric un nuevo sistema sin AFP que combine cuentas individuales de inversión colectiva con un pago de pensiones “sobre la marcha” para aumentar las actuales jubilaciones. Esto requeriría un aumento progresivo de 6% de las cotizaciones, pero en este caso de cargo del empleador.
El monto de la pensión universal debiera llevarse desde marzo a 250 mil pesos al menos, como propone Gabriel Boric, lo que implicaría que, dado que el ingreso mediano de los ocupados es de 420 mil pesos (2020), la tasa de reemplazo de la remuneración por la pensión sería en rasgos gruesos de un 60% y más para la mitad de la población de menos ingresos. Este gran avance social implicaría un gasto adicional de 0,7% del PIB. El próximo gobierno deberá asegurar la estabilidad fiscal y financiar los avances sociales eliminando más exenciones injustificadas y subiendo el impuesto a la renta y al patrimonio al 1% más rico de la población, junto a cobrar lo que corresponde por el uso privado de los recursos de propiedad común. Pero avanzar conceptualmente hacia una pensión universal, aunque sea de un monto aún bajo, es un logro que se debe consolidar de inmediato por el actual Parlamento.
