Un audio que pone a prueba el sistema institucional

Justificada conmoción ha causado en la opinión pública la difusión de un audio en que se escucha a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos junto a Daniel Sauer -uno de los dueños y director de la caída corredora STF, además de controlador del factoring Factop- urdiendo un plan que incluía sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), todo esto con el fin de favorecer a Factop en los procesos judiciales que enfrenta.

Es que las aristas que se han abierto a partir de este caso son de enorme envergadura, no sólo porque conforme con los dichos de Hermosilla ya se habrían registrado pagos a estos funcionarios, lo que de comprobarse implicaría la consumación de un delito gravísimo; también insta a Sauer a implementar cuanto antes una “caja negra” pagadora, justamente para asegurar los recursos que permitan que esta maquinaria siga funcionando para así asegurar el éxito judicial. Del tenor de la conversación se deja entrever que ésta sería una práctica habitual, al punto que según se reconoce en el audio, existirían “tarifas de mercado” para estos efectos.

Más allá de si esta grabación puede ser utilizada como prueba, y de las motivaciones que habría detrás para hacerla trascender a la luz pública, los antecedentes conocidos a partir de este audio exigen que estos hechos sean despejados exhaustivamente y con prontitud, porque lo que aquí está en juego excede con creces la responsabilidad penal que le cabría a quienes aparecen involucrados en este audio. Resulta evidente que se ha sembrado un inquietante manto de duda respecto de la probidad en instituciones clave, quedando también a la vista la aparente facilidad que existiría para corromper a funcionarios públicos. Por lo mismo, es lícito interrogarse si hablamos de situaciones aisladas, o si podrían estar generalizadas, lo que en tal caso destaparía uno de los mayores casos de corrupción que hemos visto, comprometiendo gravemente el prestigio del país. Villalobos declaró ante la Fiscalía que esos pagos no existieron, sino que respondió a una estrategia de ella y Hermosilla para obtener dinero de su cliente, caso en que la figura correspondería entonces a una estafa, lo que también deberá ser dilucidado.

Las instituciones a cargo de investigar y dar con la verdad de los hechos deben por lo tanto comprender la enorme responsabilidad que llevan sobre sus hombros, donde como pocas veces su credibilidad y eficacia estarán puestas a prueba. Desde luego aquí se juega la reputación de la CMF y el SII, que deben dar garantías de que no habrá asomo de ocultamiento alguno en sus respectivas indagaciones internas, como también de la Fiscalía, que debe dar muestras de celeridad y voluntad de perseguir con todo el rigor. En tal sentido, las declaraciones del fiscal nacional, en orden a que “esto va a requerir una investigación que es larga, no va a tener resultado inmediato”, pidiendo por ello comprensión, no resultan afortunadas.

Para la ciudadanía sería difícil de tolerar que nuevamente quedara la sospecha de que no se actuó con todo el peso de la ley, y que el “caiga quien caiga” sea sólo una frase vacía. No se debe olvidar que el país ya ha sido duramente golpeado por una serie de escándalos de corrupción, donde existe la percepción de que las expectativas de justicia no siempre se han cumplido. En la memoria de muchos sigue presente la experiencia vivida en los casos de financiamiento irregular de la política, donde pese a su extensión apenas un puñado de personeros fueron sancionados, en algunos casos con penas irrisorias, instalando la sospecha de que existen mantos de protección.

El indignante caso que ahora se ha destapado también tiene aristas políticas obvias. Hermosilla es un reconocido abogado que durante décadas ha tenido una activa presencia tanto en el mundo de la derecha -fue de hecho asesor del Ministerio del Interior bajo el gobierno de Sebastián Piñera- como también de la izquierda -sin ir más lejos hasta ahora era el abogado defensor del jefe de asesores del “segundo piso” de La Moneda-, por lo que la amplitud de estos nexos ha vuelto a despertar suspicacias sobre cómo actuarán las instancias investigadoras, especialmente cuando Hermosilla ha denunciado haber sido víctima de una “maniobra siniestra”.

Si es que hubo o no tal maniobra será un asunto que deberá ser despejado en sede judicial, pero algo que desde ya no cabe validar es que se alegue que con la difusión de este registro se vulneró el secreto profesional. Claramente en esa reunión los abogados no estaban recibiendo información confidencial del cliente o proponiendo legítimas estrategias para enfrentar el juicio, sino que la intención era fraguar un delito. Tal argumentación supone distorsionar completamente el sentido que tiene dicha protección, que no puede ser utilizada para vulnerar la ley.

Independientemente de si se comprueba la existencia de delitos, los hechos conocidos han vuelto a instalar el debate acerca de cuán a resguardo nos encontramos de caer en una espiral de corrupción. El ranking de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción nos ubica entre los países más sólidos dentro de la región, en la idea de que Chile no es un país corrupto, pero la oleada de casos que se han ido destapando en el último tiempo -líos de platas en fundaciones con intrincados nexos políticos, desfalcos en municipios y tantos otros más-, al que se suma ahora el que estalló esta semana, llevan a cuestionarse seriamente tal creencia.