Un callejón sin salida

Por Carlos Ominami, economista

Una crisis tan profunda y sorprendente como la actual le plantea a los gobernantes desafíos especialmente exigentes. No existen recetas ni modelos. Ni el más preclaro de los gobernantes está libre de cometer errores. Pero hay algo en lo que deben ser impecables: la transparencia y la buena fe, fundamentos de un valor esencial en circunstancias como las actuales: la confianza.

A su manera, generando controversias ásperas, varias de ellas innecesarias, la autoridad sanitaria ha ganado sin embargo en credibilidad. Hay debate respecto de la interpretación de ciertos números y los pronósticos siguen siendo reservados respecto de la evolución de la crisis sanitaria. Pero hay que reconocer que hasta ahora la gestión ha sido eficaz, con un número de fallecidos muy por debajo de los registrados en muchos otros países, y servicios de salud que no han colapsado y mantienen en reserva un número importante de camas críticas.

En el campo económico, hay críticas a la forma como el ministro Briones ha enfrentado la crisis. Las medidas anunciadas han sido insuficientes, tardías y confusas. Chile puede más de lo que se ha hecho hasta ahora. El riesgo de conjunción entre crisis sanitaria y explosión social no ha sido conjurado. Siento, sin embargo, que es una autoridad que inspira confianza. Es discreto en sus apariciones públicas, sobrio en su tono, parco en promesas.

Desgraciadamente, no se puede afirmar lo mismo de la conducción política. No es éste el lugar para hacer el inventario de pasos en falso, desatinos y contradicciones. La última y más grave es la relativización de la convocatoria al plesbicito prevista para octubre, ya no por una razón sanitaria sino que con el pretexto de la crisis económica. El plesbicito, insistamos, es el único medio disponible para dotar de legitimidad a nuestro sistema político. Es evidente que como resultado de la pandemia han surgido un conjunto de nuevas preocupaciones que generarán intensos debates. Y, justamente, estos solo pueden resolverse en el marco de una institucionalidad que el pueblo sienta que lo representa, que es suya. De no ser así, corremos el riesgo de ahondar en las razones que condujeron a la revuelta de octubre.

Es sabido que una parte de la derecha no comparte en absoluto la idea de un proceso constituyente y que concurrieron al acuerdo del 15/N arrastrados por el miedo a la ingobernabilidad con que amenazaba el estallido social. Democráticamente, tienen para ello la opción de marcar rechazo. Es su derecho. Pero utilizar la crisis económica ya instalada para violar un compromiso constitucional es el más grave daño que se le puede hacer al país. Significaría enfrentarnos a un callejón sin salida, con una acumulación de demandas que no encontrarán respuestas. A los inevitables estragos sociales y económicos de la crisis no agreguemos un daño irreparable a la democracia.