Por Roberto Moris, Inst. Estudios Urbanos y Territoriales, Fac. de Arquitectura PUC
En 1997 se creó el Programa Chile Barrio para eliminar en cinco años los 972 campamentos catastrados. Se avanzó sustantivamente, aunque los plazos fueron extendidos repetidas veces por la complejidad y dinamismo del fenómeno. La ansiedad de dar por cumplida la meta llevó a desmantelar el programa y simplificar la atención a campamentos en vez de perfeccionarla.
Un par de años antes se había conformado la Dirección de Proyectos Urbanos (DPU) para enfrentar desafíos urbanos estructurales desde una perspectiva integral. Durante más de una década se gestionaron proyectos urbanos integrales, como Ribera Norte en Concepción y La Chimba en Antofagasta. La acción concertada a través de planes maestros y la acción directa del Estado no siempre convenció al sector privado ni a las autoridades. El modelo de gestión integrada de la DPU se descontinuó, ya que primó una visión donde el Estado estaba para definir reglas del juego, generar subsidios y entregar el juego a los actores inmobiliarios.
En 2006 había nacido Quiero Mi Barrio, que tomó parte de estas experiencias para enfrentar el deterioro del stock de conjuntos habitacionales. El programa ha tenido resultados positivos y se ha adaptado a las miradas de sucesivos gobiernos.
El nuevo catastro de campamentos de TECHO le pone cifras y caras al drama de los campamentos, que es otro componente de la actual crisis multidimensional. No queda más que actuar con urgencia y con la inteligencia y creatividad que exige este problema recurrente y creciente. Esto implicará aumentar el ritmo en la generación de viviendas, pero esta vez conformando barrios bien equipados y comunidades inclusivas.
Este desafío país lleno de singularidades no debe ser encargado a un ministerio, ni resuelto con más subsidios. Necesitamos abordar el problema de fondo y que está en la forma en que hemos dejado que se desarrollen las ciudades. Enfrentar el déficit de al menos 550.000 viviendas y de 1.300.000 con necesidades de mejoramiento. Reconocer las consecuencias del desbalance entre los precios de las viviendas y los salarios, junto con los efectos de la pandemia en la calidad de vida. Asumir que las familias migrantes son parte del nuevo Chile. Atender la habitabilidad transitoria de campamentos, aprendiendo de la recuperación post catástrofe, con radicación solo en situaciones sin riesgos para las familias. Esta crisis es una emergencia habitacional y tenemos que enfrentarla con toda la energía del Estado, usando un renovado set de herramientas, potenciando la función social del suelo y mejorando el acceso bienes públicos. Regeneración urbana, agencias regionales de desarrollo, asociaciones de vivienda, inmobiliarias municipales, arriendo protegido, proyectos integrales, y programas que potencien y orienten la acción privada en la coproducción de barrios. Demostremos que hemos aprendido, reparemos, resolvamos y anticipemos. Salgamos adelante trabajando colaborativamente, asumiendo nuestros errores y valorando nuestros aciertos.
