Por Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia
Hace pocos meses, el Presidente Sebastián Piñera lanzó el inicio de la licitación de la red 5G en Chile, esto tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó el Plan Nacional de Espectro, presentado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Además, en su cuenta pública, el Presidente nos informó que la tecnología 5G permitirá multiplicar por 10 la velocidad de navegación y tendrá 100 veces más capacidad que las actuales redes 4G. Es decir, existirá un gran flujo de datos con muy baja latencia para servir tanto a la ciudadanía como a distintas industrias, como la telemedicina, por ejemplo.
Tan relevante para nuestra civilización es esta nueva tecnología, por el inmenso tráfico de datos que conlleva, que la denominada “Guerra Fría del siglo XXI” entre EE.UU. y China tiene que ver, también, con la disputa por el control y liderazgo de la cuarta revolución industrial que ella supone.
La red 5G implica inmensos desafíos y nuevas responsabilidades. Algunos países están más preparados en materia legislativa para la protección de sus ciudadanos e industrias. En nuestro caso, somos del grupo que está muy retrasado. Nos vemos desafiados, entonces, para robustecer normas sobre ciberseguridad y protección de datos personales hoy para recibir bien el mañana.
La nueva tecnología plantea riesgos de ciberseguridad al incorporarse a sectores industriales como la salud, energía, transporte o minería. Ellos no solo aumentarán su productividad, sino que también la posibilidad de sufrir mayores ataques cibernéticos, puesto que aparecerán más fallas de seguridad que podrán ser explotadas. Por este motivo se requiere contar con un proyecto de ley marco de ciberseguridad que se haga cargo de las carencias de la legislación, además de estimular un mayor gasto en esta materia desde el mundo privado.
La precisión de la red 5G para geolocalizar e individualizar a las personas da cuenta de la necesidad de reforzar la legislación vigente en materia de protección de datos personales, sobre todo tras los ejemplos de control de la pandemia que vimos en el mundo y el debate sobre libertades y privacidad. A pesar de que la protección de datos personales es, a contar del año 2018, un derecho constitucional en Chile, aún no contamos con una ley adecuada a nuestros tiempos y la iniciativa que tramita el Congreso se encuentra estancada en la Comisión de Hacienda del Senado, en su primer trámite Constitucional desde enero.
Si ya hoy es necesaria la actualización y fortalecimiento de estas normas, lo es más aún con la tecnología 5G funcionando. Debemos avanzar de manera rápida en estas materias para atender necesidades actuales y recibir los beneficios del futuro bajo un marco de confianza y seguridad. Estamos seguros que gobierno y Parlamento están conscientes de lo que se avecina.
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