Un ministerio necesario

Por Claudia Sarmiento, abogada

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es una institución que tiene una misión titánica: promover la equidad de género, la igualdad de derechos y de procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres.

En nuestro país y en el mundo, las mujeres, la mitad de la población, somos una minoría históricamente discriminada. Esta afirmación no es antojadiza y solo basta detenerse a observar que las mujeres no alcanzan el 25% de participación en el Congreso, la brecha salarial por trabajos equivalentes entre hombres y mujeres es de aproximadamente un 28% (ver Iniciativa de Paridad de Género) o que el 77% de las denuncias sobre violencia doméstica (Informe Anual de Carabineros de Chile 2018) y el 88,47% sobre violencia sexual son de mujeres (Sistema AUPOL 2015).

Los antecedentes cuantitativos palidecen frente al peso que tiene la cultura sobre el proceso de generación de las identidades de hombres y mujeres. Qué duda cabe que desde la primera infancia se imprime a fuego la expectativa social de que las mujeres seamos dóciles, maternales, suaves, hermosas y complacientes. En las antípodas, se espera que los niños sean fuertes, resueltos, dominantes y racionales. Se podría argumentar con justicia que no todos somos criados así, que no todas las mujeres son educadas para ser sumisas o que nuestra valía está indisolublemente ligada con la maternidad y el matrimonio, pero el canon imperante es otro. La complejidad estriba en que la mirada de lo posible se acorta para las niñas cuando el mundo les dice que sus anhelos están vedados por su género. Esta crítica es igualmente válida para quienes no encajan en el binomio mujer/hombre heterosexual y para quienes son invisibilizados por un sistema que les excluye de instituciones vitales, como ocurre con familias cuyos vínculos filiativos con sus hijos no son reconocidos en igualdad de condiciones respecto de la familia tradicional. Basta recordar que solo hace unos años se reconoció la identidad de género.

Este diagnóstico es el que subyace a la creación de una institución que debe promover políticas, planes y programas para sortear un problema real, no ideológico. Superar la discriminación patriarcal no puede ser considerado un error, no en una república construida sobre el principio de la igualdad, la libertad y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Promover la eliminación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para promover políticas en favor de la familia no es equivalente a garantizar los derechos y la igualdad de las mujeres. Dicho de otra forma: las familias, en toda su diversidad de composiciones y realidades, son fundamentales, pero la promoción de políticas públicas que procuren su fortalecimiento no es equivalente a superar la discriminación contra las mujeres, ni puede ponerse como un objetivo que lo incluya o, peor aún, la excluya. A la postre, una de las materias más complejas de enfrentar es el supuesto de que la maternidad debe ser asumida irreflexivamente, y no como una decisión consciente y responsable que debe ser voluntaria.

Bienvenidos los debates sobre cómo mejorar las políticas públicas para mejorar la institucionalidad destinada a dejar atrás la discriminación contra las mujeres y también contra la comunidad LGTBIQ+, pero sin negar el fenómeno, su importancia y la necesidad de que el Estado priorice la trascendental misión de hacer que la igualdad se convierta en la realidad de las mujeres y no en una quimera.