Por Claudia Sanhueza, investigadora COES
Que la inmensa mayoría de la ciudadanía apruebe tener una nueva Constitución deja algunos desafíos.
En primer lugar, hay que entender que esto también significa una desaprobación de la Constitución de 1980. Por lo mismo, es importante identificar los problemas con la actual Constitución, lo cual no es trivial y de solo leer el texto constitucional. Las constituciones dan contenidos a dos dimensiones de la sociedad: democracia y derechos (Gargarella, 2015). Hay países, como los escandinavos, en donde al leer sus constituciones no se encuentra demasiado presente la dimensión de los derechos, pero sin lugar a dudas, son los países en donde los derechos son más extendidos y universales, tienen mayor gasto público, altos impuestos y más redistribución. En efecto, sus democracias han permitido que dichas políticas, cuando fueron demandadas por la mayoría, fueran implementadas y permanezcan frente al ciclo político por el valor transversal de tener sociedades altamente cohesionadas.
Una revisión del problema constitucional en Chile nos revela que gran parte se encuentra en los fallos del Tribunal Constitucional, cuyas interpretaciones del principio de subsidiariedad impidieron avances en varias demandas sociales. Además, las leyes supra-mayoritarias y de quórum calificado impidieron que las mayorías se expresaran en cambios de varias políticas públicas. Y, finalmente, el sistema electoral que, a pesar de su modificación parcial, resultó en una grave crisis de representación y legitimidad. Por todo esto, es importante reconocer que se debe avanzar en la dimensión de la profundización democrática en la Constitución, y no solo en la dimensión de derechos, como es la historia de América Latina.
En segundo lugar, también es reflejo de que los indicadores que usamos para mirar el desarrollo, como el PIB per cápita y la tasa de pobreza monetaria, fueron una muestra sesgada de éste. Es probable que el concepto de desarrollo haya sido mal entendido y por eso terminamos con indicadores incompletos. Es necesario, entonces, cambiar el concepto de desarrollo. Incluir la no-discriminación, el reconocimiento de los distintos pueblos, la desigualdad en el contenido de la ciudadanía, la desigualdad del poder o la capacidad de influir en la política pública y ser escuchado(a), el cuidado del ecosistema, la segregación urbana, entre otras cosas. En muchos países, los procesos constituyentes son una oportunidad para superar sistemas injustos de desarrollo, como en Sudáfrica, por ejemplo. Un desafío similar tenemos hoy en Chile.
Finalmente, la alta participación es un reconocimiento al camino acordado por las fuerzas políticas para darle una salida democrática y pacífica al conflicto social. Aunque criticado en su momento por la forma, ha sido legitimado por la votación, dando una oportunidad de recomponer la confianza quebrada. Ojalá nadie lo olvide.
Tenemos una gran tarea por delante, y se necesita de la colaboración de todos, especialmente de la élite económica que, según los resultados, se encuentra muy distanciada de la mayoría de la ciudadanía.
