Por Hugo Herrera, prof. titular, Facultad de Derecho UDP
El macizo triunfo del Apruebo hace patente un cambio de entidad en el país. El plebiscito marca un cambio de época.
El malestar acumulado por lustros, del que venían dando cuenta diversos estudios de opinión y que se reflejó masivamente en las protestas de octubre y noviembre, queda sellado por la exigencia popular de producir una Constitución.
Esta crisis no es la revolución de los soviets, ni un asunto de bandos. Tiene, mucho más, la forma de una tensión intensa entre el pueblo, sus pulsiones, anhelos y capacidades, a un lado, y, al otro, el sistema político y los discursos dominantes.
Esa crisis la venían reconociendo muchos, también un sector amplio de dirigentes y académicos en la derecha, que habían articulado un diagnóstico diferenciado, según el cual la crisis operaba en el nivel hondo de la legitimidad. El acuerdo constituyente del 15 de noviembre fue recogido por los ciudadanos, que le han dado un mandato claro al sistema político para brindar una respuesta institucional a esa crisis de legitimidad. En este preciso sentido, fue un acierto.
En el camino se quedaron las críticas moralizantes de la izquierda radical a ese pacto constituyente. También se mostró errónea la idea de la derecha economicista, de mantener la Carta de 1980, con dilaciones de diversa índole.
Esos sectores más extremos, sin embargo, seguirán operando. En los meses que vienen, el bando economicista –"Libertad y Desarrollo", el ala más extrema de la UDI-, así como los grupos más radicales de esa izquierda moralizante, que condena de antemano el mercado como “mundo de Caín” o ámbito de alienación -el PC y el sector más recalcitrante del Frente Amplio-, tendrán representantes en la convención constitucional.
Sobre los más moderados a lado y lado recae, ahora, la responsabilidad de producir acuerdos que cuenten con la adhesión de dos tercios del órgano constituyente. La tarea es cuesta arriba, especialmente porque los grupos más recalcitrantes cuentan con operadores y discursos muy estreñidos pero capaces todavía de mantener focos importantes de adhesión.
Del proceso constituyente es infantil esperar una solución a todos los problemas, pero también es ciego desligarlo de la tarea de generar algo que ahora no tenemos: un fundamento compartido, una base común sobre la cual asentar los siguientes pasos del devenir político nacional y en el cual todos puedan, en principio, sentirse reconocidos.
Atrás ha quedado el plebiscito, pero él tiene peso epocal, pues deja meridianamente claro que: (1) hay una crisis de legitimidad; (2) consta la ausencia de bases en común que deben ser producidas; (3) de allí solo hay salida por la vía de liderazgos políticos que asuman la responsabilidad de comprender, sin reducirla, la situación, y alcanzar el gran acuerdo madre sobre el cual se asiente la convivencia republicana y democrática de las décadas por venir.
