Por Claudia Sarmiento, abogada
La Constitución vigente se caracteriza por una marcada desconfianza hacia el Estado (y la política) y su intervención en la economía y en la sociedad, así como por la garantía de un mercado para la provisión privada de derechos sociales.
Este diseño se inserta en lo que doctrinariamente se ha conocido como Estado subsidiario. Si bien existe más de una interpretación de la subsidiariedad, lo cierto es que en nuestro país fue una doctrina útil al afianzamiento del neoliberalismo. Como resultado, el rol del Estado en la prestación y garantía de derechos sociales ha estado marcado por sus restricciones o impedimentos. La Constitución ha sido un argumento crucial para afirmar la imposibilidad de participar en dicha tarea o impedir la regulación de estándares.
La crítica a esta interpretación del principio de subsidiariedad, es justa. No obstante, no es la misión de la Constitución realizar la política exactamente contraria, esto es, “estatizar” totalmente la satisfacción de derechos sociales y, en general, de servicios básicos. Las soluciones específicas de titularidad, gestión y garantía son contingentes a cada sector, y evolucionan a lo largo del tiempo. Imaginémonos que la nueva Constitución consagra -en hora buena- un derecho humano al agua; el Estado debe garantizar su acceso bajo los estándares de calidad, accesibilidad y asequibilidad. En la actualidad, la provisión de agua entregada a las empresas privadas, privadas con participación pública, en todo caso bajo supervisión de organismos técnicos especializados, ha sido altamente exitosa en el mundo urbano. No obstante, estas no están presentes en el mundo rural, cuyas condiciones requieren soluciones distintas, de inversión pública y de participación privada muy diversas. Esto debe cambiar, pero la solución no puede ser romper lo que ahora no está roto.
No existe ninguna razón para que la Convención haga propias contradicciones de la Guerra Fría. Los ideales que están siendo fijados en la Constitución de 2022 representan nuestra visión compartida como sociedad -entre otras cosas- del mayor bienestar común. Es irreal imaginar que ello será cumplido solo por el Estado y sus organismos. Por razones económicas, pero también políticas y morales, toda la sociedad está convocada a esa tarea. Los instrumentos jurídicos serán muy diversos y no existe un formato único que sirva para los diferentes sectores. Lejos de aquello, será necesario contar con una Administración capaz de definir proyectos que consideren los derechos individuales y colectivos; organismos con poderes de fiscalización eficaz; empresas de propiedad pública y privada; etc. En fin, soluciones donde se rescate la alquimia del trabajo conjunto, suponen, verdaderamente, dejar atrás la dictadura y la transición y avanzar hacia una nueva etapa en nuestra vida republicana.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.