Un pacto político de integración
Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
En las críticas circunstancias actuales, es vital que prevalezcan el sentido nacional y la disposición constructiva en la política. De ello depende que el país enfrente con la mayor cohesión posible las duras consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Además del esfuerzo sanitario, es necesario contrarrestar el desempleo y la pobreza; apoyar a las miles de familias que esperan el invierno con temor; alentar los esfuerzos dirigidos a que la economía empiece a recuperarse. La tarea del Estado es simplemente gigantesca, pero la sociedad civil debe hacer lo suyo. Sería valioso que todas las fuerzas políticas lo tuvieran claro y que antepusieran el bien colectivo al interés partidista.
El acuerdo que postergó el plebiscito que iba a realizarse en abril implicó concentrar en el próximo año la renovación de todos los cargos electivos: alcaldes, concejales, cores, diputados, senadores y Presidente de la República. Se agregará la elección por primera vez de los gobernadores regionales y, eventualmente, de los convencionales que redactarían una nueva Constitución en un plazo de 9 a 12 meses. Es un panorama de enorme exigencia para todos los partidos, y algunos podrían ver reducida su influencia.
¿Y el plebiscito? No está en discusión su legalidad, sino su utilidad. El acuerdo del 15 de noviembre pasó por alto “el detalle” de que todas las autoridades que se elegirán en 2021 tendrán las atribuciones que les entrega la actual Constitución, las que no pueden ser anuladas de buenas a primeras sino al precio de una crisis mayor. Hay que evitar los malentendidos. Como todo indica que no habrá una nueva Constitución durante el actual período presidencial, los ciudadanos tienen derecho a saber cuándo entrarían hipotéticamente en vigencia las nuevas disposiciones.
Si en abril próximo se eligen los miembros de la convención, y en noviembre los senadores y diputados, querrá decir que en un plazo de siete meses elegiremos dos parlamentos. ¿Ningún senador o diputado está preocupado por las implicancias de eso? ¿Se preguntan acaso si el posible nuevo texto pasará o no por el Congreso? ¿O si el futuro Presidente tendrá derecho a decir pío?
Es inexplicable que los negociadores del 15 de noviembre hayan diseñado un proceso largo y enrevesado para algo que calificaban de urgente. Pudieron haber entrado en materia de inmediato, y quizás ya habría un proyecto de nueva Constitución. En los hechos, no se atrevieron a tomar posición sobre lo que hay que cambiar o mantener de la actual institucionalidad. Hay que poner fin a las confusiones. La situación de hoy obliga a pactar una vía que refuerce la estabilidad y la gobernabilidad. ¿Queremos tener una mejor democracia? Evitemos el pantano, entonces. El Congreso que elegiremos el próximo año debe ejercer plenamente sus facultades y darle certezas al país respecto de las bases del estado de derecho.
