En las semanas recientes, distintos medios de comunicación han informado de paros y movilizaciones de profesores y asistentes de la educación de Servicios Locales de Educación. El más notorio fue el de Magallanes, que duró un mes, y que tuvo sin clases a la región. Antes, en Atacama, hubo un paro de 80 días que tuvo también impacto nacional.

Muchos buscarán las razones en las deficiencias de diseño e implementación de los SLEP, ampliamente documentadas en varios informes técnicos. Otros en la mala gestión, o los problemas propios del sector público. También se hablará de que los SLEP, en su inmensa mayoría, heredan desajustes financieros, deficiencias en infraestructura, sobredotación y problemas de capital humano desde los municipios, que no se acaban mágicamente por el traspaso. Pero es otro el punto que urge advertir.

La naturaleza de esta reforma es la descentralización. Esto implica que, en esencia, los SLEP son entidades locales que deben desarrollar su gestión a nivel territorial, atendiendo a las necesidades y particularidades de la población que atienden. Incluso, sus presupuestos no son fijados centralizadamente, como un Ministerio. En ese contexto, el rol del “nivel central” (el Mineduc y la Dirección de Educación Pública) es coordinar, alinear y apoyar. Pero no se trata de un servicio centralizado.

Hemos fallado en comunicar esto. Es cierto que la costumbre nacional de culpar de todo y exigir soluciones al Estado central es atávica, pero no excusa la falta de comunicación política en ese sentido. Nunca correspondió que el ministro de Educación fuera a Atacama a solucionar el conflicto, ni que la subsecretaria encabezara conversaciones en Magallanes. Pero fueron presionados, en parte por la expectativa de solución por parte de la población, así como de la obvia necesidad del Ejecutivo de desactivar conflictos para que no escalen. Sin embargo, debemos evitar a toda costa, que el centro de la solución esté en las autoridades del Ministerio ¿Por qué?

Hay razones profundas vinculadas a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Las familias que eligen la educación pública tienen derecho a acceder a proyectos educativos pertinentes, adaptados a sus necesidades y preocupaciones, enfocados a los requisitos y exigencias de los padres, dentro de un marco común mínimo y flexible. Un sistema nacional y centralizado es justamente lo opuesto a ello. Por eso es deseable que los SLEP mantengan un financiamiento basado en la subvención (y no en las preferencias y mayorías políticas del Congreso, vía Ley de Presupuestos, o peor, en el número de funcionarios que contraten), y que sean jerárquicamente autónomos, de forma que no se conviertan en máquinas de campaña o bolsas de trabajo durante los periodos electorales.

Pero hay una razón más práctica, y es la que han ilustrado los paros recientes. Los grupos de interés, como el Colegio de Profesores, resienten esta descentralización, porque sus medidas de presión buscan capturar renta del Estado central. Les es más fácil presionar y negociar centralizadamente, y pierden fuerza cuando no logran agregar las diversas demandas de sus asociados en cada territorio o SLEP. Si cada SLEP es autónomo, y su presupuesto depende de su propia gestión y no de transferencias centrales, los grupos de presión no logran capturar el sistema público para su beneficio privado. El ministro Cataldo hizo bien en resistir la presión en Magallanes, marca un precedente valioso.

Esto sería simplemente un problema laboral entre empleador y trabajador, casi sin interés público, si no fuera porque el modo de presionar es la suspensión de clases. Miles de niños son rehenes de grupos de presión que eligen ignorar y “saltarse” la institucionalidad descentralizada para obtener renta del Fisco. No les ha resultado. Pero cada vez que se insiste en centralizar a los SLEP, en dar más atribuciones a la Dirección Nacional de Educación Pública, o que sea el Mineduc el que administre los colegios estatales, estamos abriendo la puerta a beneficiar, con recursos públicos, a quienes usan a el futuro de niños como materia de negociación.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar