Hubiera sido deseable un plan de contención de los efectos del Covid-19 fuerte y estabilizador. Se debiera haber canalizado con rapidez desde marzo a las empresas la liquidez puesta a disposición por el Banco Central y trasladado la TPM o una tasa cercana a los nuevos créditos. Se debiera haber activado desde abril tres meses de pago subsidiado del grueso de los salarios para los que vieran suspendidas total o parcialmente sus labores. Evitar graves perjuicios económicos a la población de menores ingresos y el derrumbe de la demanda debiera haber incluido, además, un trimestre de ingreso mínimo -un ingreso básico ciudadano temporal- para las familias que viven al día del trabajo informal y por cuenta propia. Esto hubiera tenido un alto costo, pero abordable con un mayor endeudamiento neto sobre el PIB, dado su aún razonable nivel actual. El precio a pagar por la destrucción de parte del tejido productivo y del empleo por inacción será, en todo caso, mucho mayor en el futuro.
El gobierno estableció, en cambio, una sucesión de planes que no ha impedido una explosión de despidos y reducciones de jornada y de remuneraciones. En una primera fase, el gobierno decidió otorgar a las empresas US$ 2.400 millones que irán especialmente a las sin problemas (incluyendo las grandes cadenas de supermercados y farmacias que han aumentado sus ventas sin controles de precios, y a parte de los exportadores que verán sus caídas en las ventas en los mercados externos más que compensadas por la devaluación del peso respecto al dólar) a través de la suspensión del cobro del Pago Provisional Mensual, indexado sobre las ventas. Las empresas con problemas y que han visto colapsadas sus ventas no se beneficiarán mayormente de este mecanismo, ni tampoco de la mayor parte de los US$ 600 millones que se dejarán de recaudar por la suspensión del impuesto de timbres y estampillas a los créditos. Se otorgó, por otro lado, a los trabajadores y las familias de bajos ingresos un bono Covid de 50 mil pesos por carga por una vez por US$ 170 millones y se dio curso a la suspensión de contratos de trabajo activando el seguro de desempleo, pagando remuneraciones básicamente con los fondos de cesantía acumulados en las cuentas de las personas, así como un mecanismo de reducción de jornada con un complemento también pagado por las cuentas de los trabajadores.
Cuando se hizo evidente que el gobierno no estaba apoyando lo suficiente a las pymes y a los trabajadores con contrato, informales o por cuenta propia, el 8 de abril se anunció un nuevo plan. Éste incluye garantías públicas a los créditos a las empresas que realizan hasta poco más de US$ 30 millones de ventas, aumentando en U$ 3 mil millones el Fogape para una cobertura entre 60 y 85% del monto del crédito. Se facilitarán líneas de créditos de capital de trabajo equivalente a tres meses de ventas. Los bancos participantes postergarán cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes para aliviar la carga financiera. Con estas medidas, tardías, se canalizará mejor la mayor disponibilidad de liquidez facilitada por el Banco Central. Pero se echa de menos limitar los diferenciales de tasas y las nuevas utililidades que sumará la banca con estas facilidades crediiticias. Y queda pendiente el tema de las grandes empresas en problemas.
Se anunció, además, apoyos fiscales a un universo de trabajadores informales de 2,6 millones de personas, pero por solo US$ 2 mil millones y sin que se especifiquen los mecanismos. Nada se menciona sobre los trabajadores a honorarios. Que nadie se extrañe si se sigue actuando sin la contundencia suficiente, que vuelva a emerger la rebelión social en el país una vez pasada la pandemia, pero esta vez en medio de una depresión.
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