Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
El director del Servel, Patricio Santamaría, dijo ayer que está descartado que las personas contagiadas por el Covid-19 puedan votar presencialmente en el plebiscito del 25 de octubre. “Eso no va a ocurrir de ninguna manera”, dijo. Llamativamente, enfatizó el riesgo de que esas personas puedan ser agredidas al ser vistas como una amenaza por los demás electores. ¿Habrá listas de personas que tendrán prohibido el ingreso a los locales de votación? Si es así, no será una señal edificante. Santamaría dejó abierta la posibilidad de que se apruebe una fórmula legal para que las personas enfermas ejerzan de otro modo su derecho a sufragio.
Damos por hecho que los votantes deberán presentarse con mascarilla y que habrá personal de la salud que les tomará la temperatura a la entrada de los recintos. No sabemos si quienes estuvieron contagiados, pero se recuperaron, deberán mostrar un certificado que acredite su condición. Aunque la situación sanitaria ha mejorado, el nivel de contagios diarios sigue siendo alto (1.406 ayer), y se estima que el país tardará unos cuatro meses en alcanzar el nivel de contagios diarios que había en abril (alrededor de 400). Es comprensible, entonces, el temor a contagiarse, sobre todo cuando se conocen los rebrotes en países como España, y los expertos sostienen que el virus seguirá circulando entre nosotros hasta que haya una vacuna segura, lo que difícilmente ocurrirá este año.
Cuesta imaginar entonces el proceso mismo de la votación en circunstancias tan anómalas. Habrá que aplicar un protocolo para la labor de los vocales de mesas, el uso de la cámara secreta, la manipulación de las papeletas y los propios escrutinios, que tradicionalmente favorecen las aglomeraciones. Todo será muy raro, y se justifica la inquietud respecto del nivel que podría alcanzar la abstención (en la elección de diputados de 2017 llegó a 53%). Un diputado ocurrente proponía hace poco restablecer el voto obligatorio, pero es poco serio cambiar las normas con la votación encima.
La situación sanitaria por sí sola es un problema mayor para efectuar el plebiscito en condiciones confiables, pero además gravita la crisis económica y social que agobia al país, sintetizada en el hecho de que una de cada tres personas se encuentra hoy sin empleo. Son muchas las preocupaciones de la población, y el plebiscito no alivia ninguna de ellas. Más bien, agrega incertidumbre respecto de las bases del estado de derecho y las posibilidades de progreso.
Si los negociadores del acuerdo del 15 de noviembre (casi todos parlamentarios) consideraban urgente el cambio constitucional, pudieron haber diseñado un camino breve y expedito para materializarlo, y no un proceso largo, equívoco y oneroso. En los hechos, declararon incompetente al mismo Congreso del que forman parte para llevar adelante el cambio. Eso da la medida de la liviandad que ha habido detrás de todo esto.
